Cataluña

Fracasa la reunión entre Aragonès y Turull y acaban sin un acuerdo que mantenga la coalición

Esquerra Republicana y Junts están inmersos en una crisis que puede llevarles a la ruptura de su Gobierno en Cataluña. Esta tarde se han reunido en Barcelona para intentar llegar a un acuerdo.

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, han mantenido este domingo contactos discretos en un último intento de explorar un posible acercamiento. Sin embargo, la reunión no ha servido para resolver la crisis que puede llevarles a la ruptura de la coalición.

El encuentro ha tenido lugar antes de que finalice el plazo que se marcó Junts antes de convocar una consulta a sus bases los días 6 y 7 de octubre, en la que su militancia se pronunciará sobre si hay que salir o no del Gobierno.

JxCat entregó la noche del viernes a Aragonès un documento de condiciones que incluía cuestiones que ERC considera inasumibles, como la restitución de Jordi Puigneró como vicepresidente del Gobierno después de haber sido cesado por Aragonès el pasado miércoles, o la reactivación de un Estado Mayor del 'procés' bajo la coordinación del Consejo por la República, controlado por Carles Puigdemont.

Tras la reunión, el presidente y dirigente de ERC ha asistido a la última jornada del Concurs de Castells de Tarragona junto a la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, mientras que Turull ha estado en Solsona (Lleida) a la presentación de la alcaldable de Junts por la localidad, Elis Coll, junto a la presidenta del partido, Laura Borràs.

Llamada soberanista de Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aprovecho este sábado, en el quinto aniversario del 1-O, para hacer un llamamiento a la unidad soberanista, en torno a su propuesta para lograr un referéndum pactado con el Estado e inspirado en un "acuerdo de claridad", la llamada vía canadiense.

En su mensaje desde el Palau de la Generalitat, Aragonès puntualizó que un nuevo referéndum debería conseguir que todos los ciudadanos se sintiesen "llamados a votar", que la comunidad internacional "acompañase" la votación y que también el Estado "reconociese el resultado", a diferencia de lo que pasó en 2017.

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