La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación por la construcción del AVE a La Meca al detectar que una de las "personas involucradas en los hechos investigados" era el actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, aforado ante el alto tribunal.
El Supremo se ha hecho cargo de las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado 'AVE del desierto' que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
Según detalla la nota, la investigación se centra en "delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado".
Una grabación hecha de forma subrepticia por el comisario Villarejo, se sitúa en el origen de la investigación a Don Juan Carlos. Su antigua amiga, Corina Larsen, afirmaba que había obtenido 80 millones por hacer de intermediario para que las obras del AVE a La Meca se adjudicaran a un consorcio de empresas españolas.
Pero esta adjudicación se hizo en 2011, cuando el Rey era inviolable, y el caso se archivó en la Audiencia Nacional. No obstante, lo que sí podía ser delictivo sería el movimiento posterior del dinero si es que se hizo después de que el rey abdicara en junio de 2014.
La Fiscalía anticorrupción comenzó a investigar posibles delitos en las transacciones internacionales, blanqueo de capitales y delito fiscal.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha designado para dirigir esta investigación al fiscal de Sala de Delitos Económicos Juan Ignacio Campos, que estará auxiliado por otros tres fiscales del Supremo.
La investigación se centra en el periodo posterior a la abdicación
La Fiscalía General del Estado (FGE) explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos, que ocurrieron tras el mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
"Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo", añade la nota.
