La Fiscalía respalda que se investigue a Leire Díez por posibles delitos tras la difusión de unos audios

La Fiscalía de Delitos Económicos se ha posicionado a favor de que se investigue a Leire Díez, exmilitante del PSOE, tras la difusión de unos audios en los que supuestamente ofrecía favores en procesos judiciales a cambio de información sensible relacionada con miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

El Ministerio Público ha presentado un informe al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid en el que concluye que los hechos podrían constituir delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada por la organización Hazte Oír y ha dado lugar a la apertura de diligencias previas.

Este procedimiento no es el único en curso. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid también tiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias, derivada de una denuncia interpuesta por la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). En ese procedimiento, recientemente se ha sumado el presunto delito de cohecho, en respuesta a una petición de los denunciantes.

Los audios que han motivado estas acciones judiciales recogen supuestas conversaciones entre Díez y el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en una causa de hidrocarburos. En dichas grabaciones, ella habría ofrecido favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO y figura clave en investigaciones como la del 'caso Koldo' o la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Más denuncias en trámite

Además de las denuncias ya admitidas a trámite, existen otras que están pendientes de resolución en los juzgados de instrucción números 26 y 44 de Madrid. Estas han sido presentadas por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la organización Iustitia Europa, respectivamente.

Díez fue concejala y teniente de alcalde en Vega de Pas (Cantabria) por el PSOE, y posteriormente trabajó como directora de Relaciones Institucionales en Correos. Su nombramiento se produjo a propuesta de Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a estos antecedentes, la exmilitante sostiene que los audios forman parte de una investigación periodística que desarrolla de manera independiente: "Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró en declaraciones públicas en junio.

Según la denuncia, su actuación no puede justificarse como parte de una actividad profesional regulada, ya que no es letrada ni fiscal, por lo que las acusaciones apuntan a un posible intento de ejercer influencia a través de conexiones políticas o personales con altos cargos del Gobierno.

Las investigaciones continúan abiertas y, de confirmarse los indicios, el caso podría derivar en consecuencias penales para Díez y en implicaciones políticas de mayor alcance.

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