La Fiscalía pide hasta 21 años de cárcel para los acusados por el 'caso del 3%' y 3 millones de euros al PdeCAT

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles 20 años de prisión para los acusados por el conocido 'caso del 3%' y una multa millonaria, de 3.000.000 de euros, para el PDeCAT por la presunta financiación ilegal de su formación predecesora, Convergencia Democrática de Cataluña

El Ministerio Público asegura que entre 2008 y 2015 "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos, funcionarios de distintas Administraciones de Cataluña y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y de forma encubierta".

Es por ello por lo que el fiscal ha solicitado 21 años y 4 meses de cárcel para el extesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, Andreu Viloca, 18 años y 10 meses para el responsable de las cuentas de la formación y exconsejero de Justicia del Govern, Germá Gordó, y 1 año y medio para Daniel Osàcar. Para este último, el fiscal plantea sustituir su condena en prisión por trabajos en beneficio de la comunidad por su "comportamiento de activa y eficaz colaboración".

Asimismo, el fiscal ha pedido una multa de 3.000.000 de euros para el partido de Artur Mas por la "estrategia para el financiamiento ilícito" que supuestamente se habría realizado "sistemáticamente" en la formación política.

La Fiscalía habla de "actuación sistemática"

Según detalla el fiscal, "se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios y, por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito".

Además, el fiscal asegura que "los empresarios acusados se concertaron con los cargos de CDC para realizar pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas al partido".

Por todo ello, la Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de delito de organización criminal, de fraude a las administraciones públicas, de cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros.

En total, son 30 personas y 14 empresas las que podrían estar implicadas en este 'caso del 3%'.