La Fiscalía investigará a Albiol por el macrodesalojo del D9 de Badalona

La Fiscalía de Odio y Discriminación ha iniciado una investigación contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por varios presuntos delitos -entre ellos uno de odio- en relación con el desalojo del antiguo instituto B9 ocurrido el pasado 17 de diciembre.

La apertura de estas diligencias se produce después de que el 24 de diciembre el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, presentara una denuncia penal ante la unidad especializada de la Fiscalía. La denuncia se refería al macrodesalojo del edificio -una actuación que dejó en la calle a unas 400 migrantes-, habitado mayoritariamente por personas subsaharianas. En el escrito se apuntaba a la posible comisión de cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Según fuentes del ministerio público, la Fiscalía decidió abrir diligencias de investigación tras recibir la denuncia presentada por esta formación política.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, Asens señalaba que la resolución judicial que autorizó el desalojo establecía como condición indispensable que se garantizara una alternativa habitacional para las personas afectadas, de acuerdo con el protocolo municipal de atención a personas sin hogar. De este modo, el desalojo quedaba supeditado explícitamente al cumplimiento de esa medida. Sin embargo, según recogía el escrito, Albiol habría afirmado en varias ocasiones que el Ayuntamiento no proporcionaría alojamiento ni recursos habitacionales, manteniendo así una actuación contraria a lo ordenado por la autoridad judicial, según sostienen los Comuns.

Asens denunció la existencia de una “tolerancia institucional” por parte del Ayuntamiento de Badalona ante los episodios de presión y bloqueo vecinal que impidieron que las personas migrantes desalojadas accedieran a los recursos de alojamiento ofrecidos por entidades sociales. El de Comuns añadió que el alcalde habría negado ayuda a las personas migrantes de manera selectiva en función de su origen y situación social, lo que podría constituir una denegación de servicio público por motivos discriminatorios. También apuntó a la existencia de indicios de "desobediencia reiterada", por no dar un cumplimiento efectivo a la resolución judicial por parte del consistorio, así como a un posible delito de prevaricación administrativa derivado de una actuación presuntamente contraria al ordenamiento jurídico.

El ayuntamiento se defiende ante las acusaciones

Fuentes municipales del ayuntamiento Badalona critican la denuncia de los Comunes: "es un despropósito, un intento más de utilizar la justicia como un mecanismo en favor de sus intereses, pervirtiéndola y acudiendo a ella de forma continua sin fundamentación ni técnica ni jurídica", se defienden. Para el entorno del consistorio, los Comunes no tienen credibilidad alguna y con acciones como ésta intentan "llamar la atención para conseguir el espacio que los vecinos no les dan".

Según estas fuentes, lo hacen con una argumentación que nada tiene que ver con la realidad, porque en el desalojo del B9 "se ha cumplido de forma escrupulosa la resolución judicial". Desde el ayuntamiento detallan que se ha trabajado previamente en el desalojo del instituto, durante y también con posterioridad con los Servicios Sociales de la Generalitat, y "así se continuará haciendo", añaden.

Los Comunes celebran este paso

Por su parte, los Comunes celebran que la Fiscalía abra diligencias para investigar a Xavier García Albiol por el desalojo de los migrantes del B9 de Badalona, ​​a raíz de la denuncia penal presentada por Jaume Asens. Según explican, la apertura de esta investigación responde a la denuncia penal presentada por el diputado en el Parlamento Europeo y abogado de los Comunes, Jaume Asens, que alertaba de posibles delitos de denegación de servicio público por motivos discriminatorios y delito de odio, así como, de forma subsidiaria, de desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Según Asens, "en un estado de derecho nadie está por encima de la ley, tampoco un alcalde como Albiol. Es una buena noticia para los derechos humanos que celebramos que la Fiscalía vea indicios de delito y abra una investigación". En este sentido, ha añadido que "confiamos en que esta investigación llegue hasta el final y que Albiol responda ante los tribunales".

Los Comunes recuerdan que el juzgado que autorizó el desalojo lo hizo de forma condicionada, exigiendo que se activara de forma simultánea un dispositivo municipal de atención social que garantizara una alternativa habitacional digna a las personas afectadas. Sin embargo, decenas de personas quedaron abandonadas en la vía pública durante días, sin una respuesta institucional efectiva.

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