La Fiscalía endurece las medidas en los casos de violencia de género con el fin de proteger mejor a las víctimas

La lacra machista que vive nuestro país se ha agravado con el inicio de 2023. Es por ello por lo que la fiscal de la Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato Martín, ha remitido un escrito a todos los fiscales relacionados en la materia para adoptar medidas en esta escalada de violencia de género con el fin de garantizar una mejor protección a las víctimas.

El texto refleja que se debe solicitar cuando proceda, y aunque las víctimas no lo pidan, las medidas cautelares que "sean necesarias para enervar en la medida de lo posible el riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio".

Con ello, se endurecen las medidas, entre las que se encuentran la prisión provisional o el uso de la pulsera telemática como dispositivo de control: "En aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo 'Extremo Alto' o 'Medio de especial relevancia' interesarán la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entiendan que procede acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas".

Otras cuestiones acerca de las medidas

La fiscal Peramato también ha señalado que, de igual manera, si en el curso del procedimiento hubiera una agravación del riesgo, "deducible por las Valoraciones de Evolución del Riesgo Policial, informes forenses, por la declaración de la víctima, por incumplimientos de la medida cautelar acordada o por el resultado de otras diligencias", excepto que se decida la prisión provisional, se solicitará la instalación de la pulsera.

En el caso de que se proceda a esto, se cuidará que esta petición "se lleve al escrito de acusación provisional a fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación (art.57 del Código Penal) para el caso de que se dicte sentencia condenatoria".

Los datos de violencia de género

En su comunicado, Peramato también ha hecho referencia a las víctimas de violencia de género. En concreto, en el mes de diciembre de 2022, de los 12 feminicidios confirmados a fecha de hoy, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o expareja finalmente asesinada. De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses. En otras dos ocasiones los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados. Y en los otros dos casos, con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas.

Si analizamos los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, la fiscal cuenta que se observa que en el 42.85% de los supuestos había denuncias previas y solo en 6 ocasiones se acordó la Orden de protección y en otras 4 ocasiones se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).

Por otra parte, según los datos del CGPJ del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados. Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género.