Fiscalía Anticorrupción investigará algunos 'contratos Covid' del Gobierno durante la pandemia denunciados por Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado la investigación de varios contratos del Gobierno de España durante la pandemia del coronavirus. Anticorrupción ha argumentado "la necesidad de practicar algunas diligencias para confirmar o descartar la posible relevancia penal de los contratos cuya legalidad se impugna".

Todos los contratos suman 326 millones

Entre los contratos que Fiscalía investigará se encuentran una subvención de 64.959,82 euros a Playbol S. A., "vinculada a los padres del presidente del Gobierno", y otro adjudicado a Beedigital, "vinculada con el marido de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño".

Otro de los contratos que será analizado es el concedido a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., por el ministerio que en aquel momento encabezaba José Luis Ábalos y que alcanzó un valor de más de 24 millones de euros. Además, el PP madrileño también ha señalado otro contrato concedido por el Ministerio de Sanidad que dirigía entonces Salvador Illa a FCS Select Products S. L. "como causa de la adjudicación a la relación de amistad".

Por ello, el decreto del Ministerio Público subraya que "las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa".

En la resolución, el fiscal jefe Alejandro Luzón, también indica que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que se abrirán "unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas".

El PP denunció los contratos de 7 empresas

Fue el pasado 10 de marzo cuando el PP de Madrid anunció que había llevado ante la Fiscalía "contratos Covid del Gobierno de Sánchez con al menos 7 empresas por un total de 326 millones de euros". Al respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, aseguró que la formación quería saber "por qué se adquirieron mascarillas entre un 25 y un 500 % más caras, así como batas desechables con un sobrecoste del 625 %".

A juicio del PP las adjudicaciones respondían a una "posible existencia de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación". "Queremos saber si la justicia es igual para todos, algo propio de una democracia y un Estado de Derecho, o si la Fiscalía de Sánchez solo va a perseguir a políticos que molesten a su Gobierno y al PSOE y eso se parece menos a una democracia y más a lo que hace Putin con los adversarios", reclamó el portavoz 'popular' al presentar la denuncia.

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