Los agentes de la UCO confirman que todos los mensajes del fiscal estaban borrados

Este miércoles, y tras cuatro jornadas escuchando sentado junto sus abogados lo que iba sucediendo en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma la palabra para negar que filtrase el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la que hasta el momento ha sido su única intervención, el primer día del juicio, ya lo hizo. "No", respondió cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.

Los primeros en declaras han sido los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado ante el Tribunal Supremo que, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destacado que durante toda la investigación se evidencia "un dominio a todos los niveles" por parte del fiscal general, al considerar que las filtraciones relacionadas con la pareja de Isabel Díaz Ayuso procedían de la Fiscalía General del Estado.

Los agentes no hallaron pruebas directas que vinculen a García Ortiz con la difusión del correo clave, debido, según señalan, a que su móvil y correo electrónico habían sido borrados: "Nosotros al teléfono del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado", han señalado.

Han señalado que el fiscal general ejercía control jerárquico sobre las actuaciones. Según explicaron, el "modus operandi" detectado en una filtración previa del 12 de marzo de 2024 coincide con lo ocurrido la noche del 13 de marzo, cuando se elaboró una nota de prensa para aclarar que el pacto propuesto por el abogado de la pareja de Ayuso no provenía de la Fiscalía.

Los agentes sostienen que fue el propio García Ortiz quien impulsó y coordinó la publicación de esa nota, aunque reconocen no haber accedido a pruebas directas en su teléfono o correo, ambos eliminados poco después de abrirse la causa penal. El fiscal general defendió que los borrados respondían a motivos personales.

Admiten que copiaron más datos de los autorizados

Además, han señalado, que durante los registros en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, extrajeron más información de la autorizada por el juez. Alegaron que fue "técnicamente imposible" filtrar los datos antes de copiarlos.

Los agentes han detallado que los registros se realizaron de forma simultánea durante más de diez horas el 30 de octubre de 2024, por orden del magistrado instructor Ángel Hurtado. El auto judicial limitaba la información a copiar entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de ese año, pero los investigadores reconocen que copiaron todos los contenidos de los dispositivos hallados.

En el despacho de García Ortiz se extrajeron datos de dos teléfonos móviles, un disco duro, un ordenador y tres cuentas de correo electrónico. En el de Rodríguez, se copiaron los datos de dos móviles, un ordenador y cuatro cuentas de correo.

Uno de los agentes ha explicado que limitar la copia a las fechas fijadas solo habría sido posible "imprimiendo correo a correo", un proceso que, dijo, "habría llevado semanas". Por ello, optaron por copiar todo el contenido y realizar el filtrado posterior.

Los testigos coincidieron en que tanto García Ortiz como su equipo mostraron una "actitud colaboradora" durante los registros, facilitando incluso las contraseñas de los dispositivos.

El abogado del Estado, José Ignacio Ocio, destaca que al no acotar la información se llevaron "siete meses y 22 días" de datos adicionales. En el caso de Rodríguez, incluso se recuperó información almacenada en su teléfono personal desde 2018.

García Ortiz declara como acusado

García Ortiz declara este miércoles como acusado. Está previsto que sea por la tarde, después de que declaren hasta 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En esta jornada se escucharán los pormenores del registro inédito que el 30 de octubre de 2024 la UCO llevó a cabo en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial, a quien el Supremo dejó 'in extremis' fuera del juicio.

Los interrogatorios a los agentes darán paso a la declaración del fiscal general, quien afronta peticiones de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por parte de las acusaciones populares y la particular que ejerce la pareja de la presidenta madrileña.

Lo más probable es que sea preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo, algo que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía.

Son aspectos que el juez instructor tomó como indicios, pero García Ortiz dejó claro que borra "absolutamente todo" y "de manera regular" porque su teléfono alberga datos "ultrasensibles" que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por "imposición legal".

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