El fiscal general reiterará su inocencia en el Supremo por la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Este miércoles, y tras cuatro jornadas escuchando sentado junto sus abogados lo que iba sucediendo en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma la palabra para negar que filtrase el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la que hasta el momento ha sido su única intervención, el primer día del juicio, ya lo hizo. "No", respondió cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.

De hecho, lo repitió en varias ocasiones: "Rotundamente no", dijo meses antes, en enero, cuando declaró ante el juez instructor y negó haber filtrado o haber ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

García Ortiz declara como acusado

García Ortiz declara este miércoles como acusado. Está previsto que sea por la tarde, después de que declaren hasta 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En esta jornada se escucharán los pormenores del registro inédito que el 30 de octubre de 2024 la UCO llevó a cabo en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial, a quien el Supremo dejó 'in extremis' fuera del juicio.

Los interrogatorios a los agentes darán paso a la declaración del fiscal general, quien afronta peticiones de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por parte de las acusaciones populares y la particular que ejerce la pareja de la presidenta madrileña.

El borrado de sus dispositivos

Lo más probable es que sea preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo, algo que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía.

Son aspectos que el juez instructor tomó como indicios, pero García Ortiz dejó claro que borra "absolutamente todo" y "de manera regular" porque su teléfono alberga datos "ultrasensibles" que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por "imposición legal".

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