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Presos del procés

El TC examina los recursos presentados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presos del procés

El Tribunal Supremo les condenó a 9 años de prisión por el delito de sedición y su papel en el proceso independentista en Cataluña.

El TC analizará esta semana los recursos presentados por los abogados de los Jordis contra la sentencia del Tribunal Supremo que les condenó a 9 años de prisión por sedición y su papel en el proceso independentista catalán.

Los recursos de los presos del procés

Según fuentes consultadas, los recursos previsiblemente serán desestimados en línea con los presentados por los otros condenados y que el TC ya había resuelto. El Supremo condenó a los líderes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a 9 años por su papel "decisivo" en la sedición orquestada por el Govern, con su "indiscutida capacidad de liderazgo y estrecho contacto con los dirigentes políticos nacionalistas".

El estudio y examen de los dos recursos coincide con el enfrentamiento dialéctico entre los partidos. Hoy, Pablo Casado, líder de la oposición, ha remarcado que los indultos a los presos del procés "corrompen la figura del indulto para pagar un precio político contra el patrimonio de todos. Llamar concordia a esa oscura transacción es una manipulación grotesca".

El Gobierno prepara una propuesta para reformar el delito de sedición y rebajar las penas, algo que sería de aplicación a los condenados por el procés. Otro de los asuntos a tratar en la mesa del tribunal será el recurso contra la sentencia del Supremo por el asedio al Parlament de Cataluña el 14 y 15 de junio de 2011, que impidió la entrada a varios diputados, y cuya ponencia ha recaído en el magistrado Cándido Gómez Pumpido.

La Audiencia Nacional absolvió en primera instancia a los acusados de delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita, al considerar que estaban protegidos por su derecho a manifestarse. Pero la Fiscalía, la Generalitat y el Parlament recurrieron y el Tribunal Supremo condenó a 8 de los acusados a 3 años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado.

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