La aprobación del fondo de la Unión Europea para la reconstrucción poscovid ha sido en general bien recibida en España. Supone una inyección de dinero muy importante en forma de subvenciones a fondo perdido (hasta 72.700 millones, que además no computan como incremento de deuda del Estado a efectos de la UE) y en préstamos (67.300 millones). El montante, grosso modo, puede llegar a los 140.000 millones de euros. Depende de la letra pequeña y, sobre todo, de los programas que presente el Gobierno a las instituciones de la Unión. Antes de eso se plantean fundamentalmente dos preguntas: cuándo comenzará a llegar el fondo y qué reformas se supone que exigirá.
Los plazos
Primero tiene que ratificar el Parlamento Europeo el acuerdo. Más complicado o sujeto a retrasos será la ratificación por parte de los parlamentos nacionales de los 27 miembros. Y después comienza el papeleo, informes y presentación por cada país de Plan Nacional de Reformas, porque el dinero va a proyectos concretos. A más proyectos con visto bueno, más dinero, hasta llegar al tope de cada nación. El 15 de octubre se han de presentar en Bruselas los programas.
Las reformas
Durante el Consejo Europeo los países más reacios al fondo no dejaron de señalar la reforma laboral o las pensiones como algunos de los asuntos a tener en cuenta.
La doctrina europea lleva tiempo recomendando a España una serie de reformas y mayor eficacia en los impuestos, que termina siendo subida de algunos, como los indirectos, el IVA o los impuestos especiales.
El acuerdo recoge las directrices aprobadas en la Comisión Europea sobre la creación del nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido como la Tasa Google, y el impulso de los denominados impuestos verdes.
En cuanto al IVA, Bruselas ha recomendado restringir la aplicación de los tipos reducidos y las exenciones a este impuesto. En los impuestos medioambientales, la introducción de los dirigidos a reducir las emisiones de CO2. Además siempre recuerda mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de ciudadanos y empresas, más eficacia en la recaudación.
