La nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, entra en vigor este lunes 5 de julio, cuando se cumplen 25 años de la primera ley del aborto en España.
Después de que el pasado miércoles el Alto Tribunal admitiese a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra, abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad. Sólo el Gobierno alegará y lo hará con la Abogacía del Estado.
Entre las novedades de la nueva ley, algunas ya reguladas por dos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, figura la capacidad de abortar sin consentimiento paterno de las menores entre 16 y 18 años de edad.
POSICIONES ENFRENTADAS
La norma suscita tantas críticas como apoyos en muy distintos sectores de la sociedad. Por un lado, para las asociaciones de familia y grupos 'provida' es "la norma más atentatoria contra los derechos fundamentales" que se ha aprobado en la España democrática, "vulnera la patria potestad y la libertad de objeción de conciencia" y es contraria a los principios de la Constitución porque "viola directamente el derecho a la vida del no nacido".
Por otro lado, las asociaciones de mujeres, aunque con matices, se han mostrado favorables a la norma porque "por fin, el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su maternidad quede recogido en una ley" que en su opinión, "pone fin a la inseguridad jurídica".
4 MESES DESPUÉS
La norma fue aprobada el pasado 17 de diciembre en el Congreso de los Diputados con 184 votos a favor y 158 en contra. Tras la tramitación en el Senado, donde superó los vetos, la nueva ley fue definitivamente aprobada el 23 de febrero y fue publicada días después en el Boletín Oficial del Estado acordando su entrada en vigor cuatro meses después, el 5 de julio.
