Después de varias polémicas sobre si se podían o no aportar los fondos pendientes a las comunidades autónomas, Hacienda ha recibido el visto bueno de la Abogacía del Estado. Los gobiernos con más problemas de liquidez lo reclamaban, pero el ejecutivo se escudó en que como estaba en funciones no podía hacerlo. Después anunció lo contrario Pedro Sánchez en un mitin en una de las que más lo necesitaba, la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE.
Ahora, ya plenamente en campaña electoral, el gobierno acaba de anunciar que va a desbloquar 4.500 millones de euros. La abogada general del Estado ha dado el visto bueno al Ministerio de Hacienda para liberar esos fondos. La medida se aprobará, previsiblemente, en el próximo Consejo de Ministros.
TAMBIÉN AYUDAS A LOS AYUNTAMIENTOS CON PROBLEMAS
El Ministerio de Hacienda ha abierto el plazo para que 556 ayuntamientos que se encuentran en situación de riesgo financiero, y cuya deuda suma 5.459,7 millones de euros, puedan acogerse de forma voluntaria a las nuevas medidas de apoyo. En un comunicado, Hacienda recuerda que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) aprobó en marzo un acuerdo con una serie de medidas de apoyo financiero a las entidades locales "en situación más delicada", de manera que podrán acogerse al plan desde hoy hasta el día 22. "El objetivo del conjunto de medidas acordadas en marzo es que los ayuntamientos que presentan situaciones de riesgo puedan cumplir con los pagos de las cuotas de los préstamos adquiridos", explica el ministerio. Añade que las medidas aprobadas en marzo se centran en la modificación de las condiciones financieras "en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado" y de los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Los mismos deberán aprobar, aclara Hacienda, "acuerdos plenarios para modificar las condiciones financieras de los préstamos que resulten tras esta agrupación". "La deuda afectada suma 5.459,7 millones (el 84% del total) y contará con un período de carencia de dos años (2020 y 2021).
