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Código Penal

El Gobierno estudia ya la reforma para rebajar las penas por los delitos del 'procés'

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirma que están ya estudiando una reforma del Código Penal que incluya cambios en los delitos de rebelión y sedición, aunque dice que eso no lo negociarán con los independentistas.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal y revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición: "Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos (...) Nosotros como partido político siempre hemos tenido en nuestra acción de gobierno y dentro de los proyectos de reforma legislativa que haremos la modificación del Código Penal, simplemente porque pensamos que hay que acompasar comportamientos democráticos, asumidos en la vida cotidiana de España, a tipos penales que en alguna sentencia europea como la alemana nos advirtió que sonaban extraños", ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser.

Calvo se refería así a la decisión de la justicia alemana que rechazó entregar a España al expresident catalán fugado Carles Puigdemont tal y como reclamaba el juez Pablo Llarena. La vicepresidenta también ha recordado que el Gobierno de Sánchez surgido de la moción de censura, a través de la Abogacía del Estado, ya advirtió en el proceso judicial que juzgó a los líderes del 'procés', "lo que luego resultó ser en la sentencia del 14 de octubre, que había tipos penales que se acompasaban poco con algunas situaciones de este país", en alusión a que la primera sentencia del 'procés' condenó por sedición y no por rebelión como pedía la Fiscalía a los dirigentes independentistas.

Trabajando ya en la reforma

Calvo también ha avanzado que ya están "armando el proyecto de reforma" del Código Penal que llevarán al Congreso de los Diputados y que abordará la revisión de la tipificación de los delitos de rebelión y sedición y la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales. La 'número dos' del ejecutivo ha desvinculado la revisión del Código Penal con la mesa de diálogo político para una solución en Cataluña que el PSOE pactó con ERC en el acuerdo de investidura y que está pendiente de la entrevista entre el presidente, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Quim Torra, para constituirse. "Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con ningún presidente de las Comunidades Autónomas. No forma parte de ese escenario", ha asegurado Calvo. Preguntada por la posibilidad de que si se suaviza el delito de sedición, esto beneficie al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de condenados porque su pena tendría que rebajarse para ajustarse al nuevo tipo penal, Calvo ha sostenido que "no es el Gobierno quien aplica los efectos" de la eventual reforma del Código Penal y ha incidido en que desde Europa la justicia ha mandado "mensajes de que hay que actualizar algo" en el Código Penal español.

Amnistía y rendición

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ser "valiente" e indultar a Oriol Junqueras si es lo que quiere hacer, en lugar de reformar el delito de sedición en el Código Penal para "amnistiar" a los presos independentistas. "Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde, indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal", ha dicho García Egea, que sería una modificación del Código Penal a la que se ha referido como "reforma Junqueras" porque considera que su objetivo es devolver al exvicepresidente de la Generalitat, condenado por el caso del "procés", el escaño que le quitó la Justicia y, de esta manera, "desbloquear" la aprobación de los presupuestos.

Vox se mostró partidario de reformar el Código Penal pero acusó al Gobierno de Pedro Sánchez que hacerlo ahora y, en los términos en los que trabaja la coalición, supone una “absoluta rendición de las instituciones públicas a favor intereses espurios y partidistas” con el fin de pagar las “facturas” que mantiene con el independentismo por la investidura.

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