Cataluña

El consejero catalán de Exteriores Bernat Solé, a juicio por su apoyo al referéndum del 1-O desde la alcaldía

El TSJC juzga hoy a consejero Bernat Solé por presunta desobediencia el 1 de octubre. La fiscalía pide un año de inhabilitación y una multa de 24.000 euros.

El consejero catalán de Exteriores Bernat Solé, a juicio por su apoyo al referéndum del 1-O desde la alcaldía

Publicidad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzga este lunes al conseller de Acción Exterior, el republicano Bernat Solé por desobediencia. La Fiscalía pide para él un año y medio de inhabilitación por facilitar el referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) desde la alcaldía.

Además, la Fiscalía solicita que se le imponga una multa de 24.000 euros por haber mantenido una "activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum" pese a "tener claro y cabal conocimiento" de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC).

"Fue uno de los responsables logísticos" del 1-O en Agramunt, ha señalado la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que asevera que el ahora conseller cedió el colegio Macià-Companys, un centro de titularidad municipal, para la celebración de la votación.

Solé está acusado, además, de haber tomado "decisiones" durante el transcurso de la consulta para esconder las urnas y que no fueran encontradas por la policía. El consejero, según el ministerio público, se encargó de ocultar las urnas cada vez que los "observadores colocados en puntos exteriores de la población" avisaban de la llegada de agentes, "por temor a que fueran descubiertas por la Policía encargada de impedir el acto", e incluso propuso a los componentes de las mesas electorales y organizadores "que la votación acabara una hora antes de lo acordado".

Publicidad

Miriam Nogueras, junto a Pedro Sánchez en el Congreso

El Gobierno matiza el pacto con Junts: las lenguas cooficiales solo se usarán "por obligación" en los territorios donde se hablan

Junts asegura que el acuerdo con el Gobierno incluye que las empresas, independientemente de dónde se ubique la sede, tendrán que hablar en catalán a los clientes.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Page critica delegar competencias de inmigración a Cataluña "desde motivaciones racistas" y por "minutos de legislatura"

"¿Por qué quiere Junts obligar al Gobierno, a cambio de minutos de legislatura, al traspaso de competencias? Por erosionar la soberanía nacional y lo quiere, además, desde motivaciones racistas", ha señalado García-Page.