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Cuentas públicas

ERC y Bildu permiten al Gobierno la aprobación del techo de gasto y el nuevo déficit

El pleno del Congreso de los Diputados vota el gasto del Estado y su déficit, primer paso para los presupuestos de este año. El Gobierno se espera que logre aprobarlo tras la reunión de ayer y el anuncio de ERC: "Cumplimos los acuerdos". JxCat y Bildu no han sido tan claros.

La mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados mostró su apoyo a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el periodo 2020-2023, que suponen una flexibilización de las metas de déficit y deuda fijados en 2018 por el PP. Tras recibir la aprobación de la Cámara Baja, esta senda de estabilidad deberá recibir también el visto bueno del Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En concreto, la senda de estabilidad logró el apoyo de 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe, PRC), frente a 150 votos en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias) y 19 abstenciones (ERC, Bildu y BNG).

Más gasto y más déficit

Así se reflejó durante el debate en la Cámara Baja de estos objetivos, presentados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, que servirán de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. Durante su intervención, la ministra defendió la nueva senda de estabilidad señalando que la fijada por el PP en 2018 ya fue considerada entonces “poco realista” por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la Comisión Europea. Montero aseguró que dicha senda es “irreal” y que supondría 7.000 millones menos para la Seguridad Social y 3.500 millones menos para las comunidades autónomas. “La realidad ha demostrado que la senda del PP no era realista”, reiteró, para a continuación agregar que, votando en contra de la nueva senda, los grupos parlamentarios “estarían diciendo no” a medidas como el incremento de las pensiones o de la ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas, entre otras. Por ello, criticó que PP, Vox y Ciudadanos rechacen esta senda con el objetivo de “bloquear el funcionamiento del país”. “Saben que es imposible el cumplimiento de esa senda”, les dijo en referencia a la actual senda vigente del PP, acusándoles de seguir “sumidos en el bloqueo".

Poco creíble

En cuanto a Junts per Catalunya, la ministra apuntó a la importancia de aprobar la senda y los Presupuestos ahora que “estamos encauzando un diálogo político” sobre Cataluña, resaltando también que “esta senda es mejor” para dicha comunidad. Por parte del PP, la diputada María Elvira Rodríguez indicó el voto en contra de su formación al considerar que el Ejecutivo pide “un acto de fe”, ya que consideró poco realistas las estimaciones incluidas en el cuadro macroeconómico, así como las previsiones de ingresos de las medidas fiscales, que en su opinión no cubrirán las medidas de “gasto, gasto y más gasto”. “Este no es el camino”, declaró, para posteriormente resaltar la conveniencia de tener unas cuentas equilibradas. Desde Vox, Inés Cañizares auguró un “futuro negro” con unos objetivos de estabilidad elaborados “sobre un escenario de ciencia ficción, inconcebible” y “unas cuentas que no son veraces”. “Cumplir con el déficit es el objetivo macroeconómico más importante y la estabilidad presupuestaria el fundamento de unas cuentas públicas saneadas”, afirmó, para acto seguido criticar que “gastar por encima de lo que uno ingresa es una irresponsabilidad suicida”. Por todo ello, anunció el voto en contra de su grupo por considerar los objetivos “inadecuados, irresponsables, y lesivos para el presente y futuro de los españoles”.

El diputado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, destacó que el techo de gasto y los objetivos propuestos suponen que “después de un largo, injusto e inútil ciclo restrictivo, iniciamos una fase de política económica expansiva” y preguntó a las formaciones de la derecha qué políticas sociales desecharían para evitar el “despilfarro” que denuncian. Asimismo, resaltó la necesidad de que las rentas altas y las grandes compañías aumenten su contribución tributaria para aumentar los ingresos y garantizar la financiación de los servicios públicos.

ERC sí, JxCat no

Joan Margall, de ERC, celebró el diálogo abierto por el Gobierno de coalición con la Generalitat de Cataluña y que priorice “el diálogo a las porras”, comentando que “ya habrá tiempo de ver el resultado de la negociación”. Por ello, le señaló a la ministra de Hacienda que, pese a que “no nos gusta su techo de gasto ni sus objetivos de déficit”, “hemos venido a Madrid a resolver un conflicto político” y que, con su voto, ERC dará “margen de confianza para que el diálogo y la negociación puedan avanzar”. “Damos una oportunidad a la mesa de negociación”, concluyó en su intervención. El diputado Néstor Rego, del BNG, denunció que “la crisis económica fue la coartada perfecta para una política de recortes de derechos” y que, pese a que esas políticas se presentaron como temporales, se mantienen actualmente. Por ello, criticó que la senda “no ha sido de reducción del déficit, sino de recorte del gasto social”. Además, también mostró su queja de que la administración central se reserve una capacidad de déficit mayor que para las autonomías y reclamó un “cambio de rumbo” y que los objetivos de déficit se supediten al empleo y el estímulo de la actividad económica. Por parte de Compromís, Joan Baldoví subrayó su compromiso con el acuerdo de investidura y apuntó que “no tendría sentido” haber investido a un presidente para ahora rechazar los Presupuestos. Así, resaltó la necesidad de “dar una oportunidad” a las cuentas para mejorar la situación de la Comunidad Valenciana y no seguir con las de Montoro. Sin embargo, criticó que “el Estado se reserva la mejor parte” del déficit “cuando en las comunidades autónomas se gestiona más del 30% del gasto social y el déficit que se les deja es sólo el 11%”. Además, también pidió objetivos de déficit asimétricos entre las comunidades para que se ajusten de forma individual a la realidad económica y financiera de cada autonomía. En cuanto a Más País, Íñigo Errejón anunció también el voto favorable de su formación, al considerar que “cada mes con los Presupuestos de Rajoy y Montoro es un mes perdido”, pero consideró que las medidas son sólo “ligeramente mejores” y que la senda de déficit podría ser más flexible al haber salido España del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. Asimismo, también recomendó incrementar los ingresos para reducir la brecha fiscal que tiene España respecto a la UE, por lo que pidió al Gobierno “más determinación” cuando elabore los Presupuestos de 2020.

Por parte de Bildu, Oskar Matute denunció el carácter “neoliberal” de la UE y de las leyes de estabilidad, asegurando que suponen una contención a las políticas sociales y, aunque defendió su flexibilización, reclamó que se acabe con el “ahogamiento” a los ayuntamientos y se permita un mayor gasto social de estas administraciones, así como de las comunidades autónomas. Por ello, pidió al Gobierno de coalición que “dentro de los márgenes, haga cosas diferentes” mediante la flexibilización de los objetivos de estabilidad y las subidas de impuestos a las rentas altas.

Desde Junts per Catalunya, Ferran Bel negó el voto favorable de su formación al criticar que los objetivos presentados por el Gobierno no han sido negociados ni pactados con ellos y advirtió que la posición de su formación “no presupone el voto sobre los Presupuestos”. Además, desvinculó el futuro de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat del voto sobre los objetivos de estabilidad ya que, explicó, “sería un error pensar que para continuar la mesa de diálogo hay que votarlo todo a favor”. Por otro lado, también reprochó a Montero que el Estado se reserve mayor déficit que para las comunidades autónomas y reclamó el dinero de la mensualidad pendiente de cobro del IVA de 2017.

Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, se mostró en contra de la flexibilización de la senda de estabilidad, al considerar un problema los altos niveles de deuda y que continuar con el déficit es “suicida” y supone un “simpa generacional”. Por otra parte, también denunció que la flexibilización y el aumento del gasto que defiende el Gobierno son para “comprar los apoyos” del resto de formaciones y pagar “las facturas de la investidura”.

La diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, indicó el voto a favor de su grupo, destacando que siempre ha sido “muy crítica” con la forma de aplicar la consolidación fiscal y defendiendo que debía hacerse de una manera “más pausada y acorde al crecimiento económico, afectando menos a la vida de las personas y permitiendo mantener las medidas sociales”. Sin embargo, avisó de que el voto favorable a los objetivos “no es un cheque en blanco” de cara a los Presupuestos.

En cuanto a la CUP, Mireia Vehí, también criticó que lo debatido “forma parte de la arquitectura económica de la UE” y anunció su voto negativo como forma de hacer “una enmienda a la totalidad a la política de la bola de nieve de la deuda”, que, señaló, “está vinculada a la crisis” y supone una “hipoteca” para las generaciones futuras. En esta línea, denunció el “casino financiero” en el que se basa la economía y pidió una auditoría de la deuda.

Para Ana Oramas, de Coalición Canaria, “España no puede seguir funcionando con unas cuentas de hace tres años y seguir viviendo en 2020 como si siguiéramos en 2018” y, aunque se mostró en contra del techo de gasto y de que Canarias no pueda hacer uso de su superávit, aseguró que “es necesario un nuevo Presupuesto que cumpla con Canarias” por lo que mostró su compromiso de trabajar para ello. Desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo anunció su voto favorable por la necesidad de elaborar unos neuvos Presupuestos que atiendan las necesidades de la población y reclamó la flexibilización de la regla de gasto para permitir que aquellas administraciones que tienen sus cuentas saneadas, como Canarias, puedan utilizar su superávit en lugar de mantenerlo en depósitos bancarios.

Por UPN, el diputado Sayas López rechazó la flexibilización de los objetivos, indicando que es hacer “trampas al solitario”, y se mostró en contra del “mastodóntico” gasto del Estado y de “freír a impuestos” a los ciudadanos, por lo que subrayó la necesidad de “adelgazar” de la administración pública. José María Mazón, del PRC, anunció su voto a favor de los objetivos de estabilidad por considerarlos “razonables y responder a un escenario realista” y porque “España y Cantabria necesitan este Presupuesto”, aunque también aprovechó su intervención para reclamar el IVA de 2017.

Por último, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, se mostró en contra de la propuesta de senda, criticando que supone “recuperar las nocivas recetas” del Gobierno de José Luis Rodríguez de Zapatero, y que con el nuevo Ejecutivo de coalición “vamos de cabeza a la asfixia fiscal de los españoles, al trato desigual entre comunidades autónomas y al déficit galopante, así como de nuevo al agujero negro de la economía que arrastramos desde 2011, reconvertido en una gigantesca deuda pública”.

Las nuevas cifras

Es la tercera vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defienda ante el Pleno del Congreso una senda de estabilidad, y la primera con posibilidades de salir adelante sin el concurso del PP. Y es que dos veces ha defendido Montero la actualización de la última senda de estabilidad aprobada por Cristóbal Montoro: la primera, en julio de 2018 fracasó por falta de apoyos en el Congreso, y la segunda, antes de presentar sus Presupuestos de 2019 (también fallidos), decayó en el Senado por la mayoría absoluta 'popular', habiendo, eso sí, superado la votación en la Cámara Baja.

En la senda de estabilidad aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 11 de febrero, el Gobierno flexibilizó los objetivos de déficit, y elevó el margen de desfase de las cuentas públicas hasta el 1,8% del PIB en 2018, del 1,5% en 2021, del 1,2% de 2020 y del 0,9% en 2023. La senda deberá ser refrendada primero por el Congreso y después por el Senado, donde esta vez sí el Gobierno puede obtener una mayoría simple si logra el beneplácito de los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

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