El caso de los ERE de Andalucía, una macrocausa de cinco años de investigación sobre 850 millones de dinero público

Cinco años investigando dónde han ido a parar 850 millones de euros de dinero público, y por culpa de quién. La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.

La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada. Para doce de estos encausados, la Fiscalía pide ocho años de prisión y para el resto seis años de cárcel.

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía. De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre 2009 y 2013, debe responder por los concedidos entre 2005 y 2010, que suman casi 484 millones de euros.

Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron "en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno". La Fiscalía explica que los reparos de la Intervención desde el año 2000 en la gestión de las ayudas sociolaborales de la Junta retrasó y cuestionó su pago, "lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral" en Andalucía.

Desde entonces, la complejidad y lentitud de la investigación, la apertura de numerosas ramas parealelas y los bandazos que ha dado el caso, con distintos instructores han hecho tardar las conclusiones de este caso, que ahora si parece que por fin, afronta su recta final.