Gonzalo Boye, abogado del exconseller Toni Comín, ha desmentido en Espejo Público la información que él mismo dio este miércoles en una entrevista en el mismo programa sobre que los mensajes de Carles Puigdemont a su cliente fueran de otro Carles, como ya hicieran los propios protagonistas de la historia a lo largo de la mañana.
En cualquier caso, ha negado que la grabación de los mensajes fuera intencionada por parte de su cliente, que en ese momento estaba en Lovaina sustituyendo al expresidente de la Generalitat en una conferencia. Según el letrado, cuando Comín abrió el teléfono recibió todos los mensajes de golpe porque lo tenía apagado y desde lejos le estaban grabando sin que él lo supiera. "Cuando es advertido de que le estaban espiando su teléfono, Toni se levanta, va a otro lado del salón y es ahí donde contesta a esos mensajes", añade Boye, que insiste en que todo este movimiento está grabado por las cámaras de seguridad. "La única explicación es que hay gente que usaron unos instrumentos técnicos para poder lograr ver la pantalla de su teléfono", zanja sobre el asunto.
Comín, por su parte, ya le ha dado instrucciones a su equipo jurídico para que inicie las acciones legales "por estos hechos, que son graves". En cuanto a que la grabación y difusión de estos mensajes no constituiría delito, como señalan algunos expertos, Boye critica que "nos ponemos la bandera a la hora de interpretar las leyes y se nos olvidan pequeños detalles como que los hechos ocurrieron en Bélgica". Según el abogado, el artículo 314 BIS del Código Penal belga es clarísimo: "Establece penas de hasta dos años para quien haga la captura y hasta tres para quien la difunda". En este sentido, ha recordado lo ocurrido con la euroorden, con la que desde Bélgica se interpretaron las normas en una dirección diferente.
A modo de ejemplo, ha comparado este caso con el de los SMS de Bárcenas, en el que Boye actuó como acusación particular, y ha explicado que la gran diferencia es que entonces fue Luis Bárcenas el que facilitó los mensajes, algo en lo que estaba "en su derecho". Sin embargo, en esta ocasión ninguno de los interlocutores dio permiso ni para captar los mensajes, grabación que se produjo "cometiendo un delito", ni para difundirlos.
