Caso Erial
Eduardo Zaplana mantiene su inocencia y el juicio se aplaza a marzo
El abogado de Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat Valenciana, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido un infarto, por eso se ha acordado el aplazamiento del juicio del caso Erial.
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Eduardo Zaplana ha acudido este jueves al juzgado por el caso Erial, en el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, el procedimiento se ha suspendido hasta marzo por la enfermedad del abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana. Tras salir del juzgado esta mañana, Zaplana ha mantenido su inocencia. Es lo que les ha trasmitido a los periodistas que le esperaban. Sobre si tiene ganas de que comience este juicio, ha asegurado que "si Dios quiere, cuanto antes".
Es la segunda vez que intentan poner en marcha este macrojuicio. La primera fue el 9 de enero pero se tuvo que posponer por la baja del fiscal. El próximo 21 de marzo está previsto que se inicie, definitivamente, este proceso judicial en el que están previstas 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos
La fase de instrucción de este caso terminó el pasado octubre. En ella están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de las cortes Valencianas, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresidente Zaplana y varios empresarios.
Caso Erial, mordidas y paraísos fiscales
La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión preventiva hasta el 7 de febrero de 2019. El juez le dejó en libertad por consejo de los médicos que le tratan el cáncer que padece.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de cárcel para Eduardo Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas y las concesiones de parques eólicos.
El Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros 14 procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales. Entre los delitos que describe el fiscal en su calificación están los de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
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Junto a Zaplana, también están acusados varios de sus colaboradores como Joaquín Barceló (al que pide 8 años de prisión), Francisco Grau (8 años), Juan Francisco García (14 años), Mitsouko Henríquez (8 años); los empresarios Vicente y José Cotino (14 años); y el expresidente José Luis Olivas (6 años).
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