La exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat Dolors Bassa ha manifestado en el juicio del 'procés' que admite y siente la "autoridad" del Tribunal Constitucional, pero ha explicado que a su juicio no era delito no atender a sus requerimientos, sino que había un conflicto competencial.

Bassa se ha pronunciado en estos términos en el interrogatorio del fiscal Fidel Cadena en la quinta jornada del juicio del 'procés', en la que también ha asegurado que, desde la suspensión de la ley del referéndum, dictada el 8 de septiembre, desde el Govern "no se hizo nada más" para impulsarlo.

La exconsellera, que se encuentra en prisión preventiva, ha reconocido haber recibido seis advertencias del TC en el proceso hacia el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia, pero nunca interpretó que desobedecer fuera delito. "Era un conflicto intereses; nunca pensé que era un delito", ha insistido Bassa, quien no obstante ha asegurado que "tampoco" hizo nada para incumplir esas advertencias. "Me las notificaron y ahí se quedaron".

Ni ella ni el resto del Govern, pues, desde que les notificaron la suspensión de la ley, "no hicimos ninguna acción", "nada más", ni se gastó "un euro", hasta el punto de que se acató la suspensión de la Sindicatura Electoral. "Admito y siento la autoridad del Tribunal Constitucional", ha manifestado la exconsellera, horas después de que su excompañero de Gabinete Josep Rull negara a ese tribuna "autoridad moral" para impedir el referéndum por estar politizado.

La exresponsable de Trabajo lo ha reconocido como principal intérprete de la Constitución, pero recuerda que sobre ese texto hay "más miradas", algunas de las cuales, como la de Francisco Rubio Llorente, creen que hay encaje para un referéndum.