Abogados del juzgado de Plaza de Castilla, en las protestas de esta semana

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LA NUEVAS TASAS JUDICIALES SE APLICARÁN A PARTIR DEL LUNES

El PP dialogará, tras las últimas protestas, con los colectivos de la Justicia

Tras las protestas protagonizadas esta semana por 18 colectivos relacionados con la Justicia debido a la aplicación este lunes de las tasas judiciales, el PP entablará un diálogo con ellos, previa coordinación con el Ministerio.

El Partido Popular tiene previsto entablar diálogo con los diferentes colectivos de la Justicia, previa coordinación con el Ministerio de Justicia, tras las quejas generalizadas que han formulado estos colectivos a raíz de las reformas que ha puesto en marcha el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

Esta semana se dio un hecho sin precedentes. Un total de 18 colectivos relacionados con la Justicia se unieron en un acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que criticaron duramente la gestión del ministro y le pidieron una "rectificación". En este acto estaban representadas siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios judiciales, cuatro sindicatos, las organizaciones de consumidores y usuarios y el Consejo General de la Abogacía.

Estos colectivos llevan varias semanas advirtiendo de que no reconocen al ministro como interlocutor y quieren una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero el pasado viernes, el jefe del Ejecutivo dejó claro su respaldo y el de su Gobierno al ministro de Justicia, además de considerar equilibradas las medidas que está tomando.

Sin embargo, la situación de enquistamiento en la negociación ha obligado a la dirección del Partido Popular a moverse y está previsto que la próxima semana haya un encuentro de varios dirigentes populares con el Ministerio de Justicia para analizar la situación, partiendo de la base de que la dirección popular respalda las reformas y la necesidad de tomar las medidas necesarias para que la Justicia funcione.

El objetivo es entablar posteriormente contacto con los colectivos de la Justicia, escuchar sus planteamientos y tender puentes para establecer vías de diálogo. Estos encuentros se quieren llevar a cabo en coordinación con el Ministerio que también mantiene algunas vías de contacto.

De hecho, está colaborando con el Colegio de Abogados en algunos asuntos como el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, donde los letrados han hecho varias aportaciones que se han recogido en el texto que se prevé llevar a Consejo de Ministros antes de que finalice el año.

Sin embargo, ésta es sólo una de las reformas que tiene en marcha el Ministerio y son otras las que tienen en pie de guerra a jueces -que aseguran que no está habiendo diálogo con Justicia-, fiscales, abogados, funcionarios y secretarios judiciales, como la aplicación de las tasas para poder pleitear, la práctica desaparición de los jueces sustitutos, la supresión de la paga extra o la reducción de los días libres a los jueces, además de la cesión de los trámites del registro civil a registradores de la propiedad y notarios.

Incrementos en los servicios jurídicos
La nueva ley, que entra el lunes en vigor, contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

El orden Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Varios frentes abiertos
No obstante y al margen de que en la dirección popular se respalda las reformas que está llevando a cabo en el Ministerio, también hay numerosos miembros del partido que, en privado, critican las formas en las que se han puesto en marcha. Los consultados son conscientes de que es un sector que necesita cambios y modernización, pero creen que debería haberse hecho de una manera un poco más pausada y tranquila, hablando con más calma con los afectados y no abordando todas las reformas juntas. "Ha abierto todos los frentes a la vez", se quejan.

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