Caso mascarillas

El juez rechaza imputar al primo de Almeida y lo cita como testigo

El juez ha escuhado hoy tres testimonios clave: el de María Díaz de la Cebosa y dos directores de sucursales bancarias.

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El juez que investiga el caso mascarillas ha rechazado este lunes imputar al primo del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, porque considera que no hay indicios de que cometiese un delito de tráfico de influencias, por lo que le ha citado como testigo para declarar cómo fue el contacto entre los comisionistas y el Ayuntamiento.

La primera en comparecer ha sido María Díaz de la Cebosa, profesora de la universidad The College for International Studies, en dónde Luis Medina declaró haber estudiado durante un año. El empresario aseguró que buscaba a una persona vinculada a la corporación madrileña y habló con esta profesora, en calidad de amiga, para que le facilitara algún contacto.

María Díaz de la Cebosa le habría dado el número del teléfono móvil del primo del alcalde, Carlos Medina Almeida. Éste facilitó, supuestamente el mail de la funcionaria que se encargaba de las compras del material, siempre según declaraciones de Medina.

Hoy también han declarado en los juzgados de Plaza de Castilla dos directores de las sucursales bancarias donde recibieron parte de esas comisiones tanto Luis medina y Alberto Luceño. La llegada de seis millones de dólares a sus cuentas bancarias desde Malasia hizo saltar las alarmas de los controles anti blanqueo. Luceño recibió 5 millones de dólares y Medina un millón

Quien no ha comparecido finalmente hoy es Elena collado, la trabajadora del Ayuntamiento que estuvo en contacto con Luceño para importar el material sanitario. Collado estaba centralizando las compras en ese momento para la corporación madrileña. Algunas acusaciones populares piden su imputación aunque la Fiscalía anticorrupción no está de acuerdo.

El juez ha suspendido su comparecencia después de que el Grupo Mixto solicitara su imputación. Unidas Podemos también pedía que fuera imputada por la presunta comisión de un delito de prevaricación. El fiscal ha advertido que de prosperar esa petición "habría que llamar en calidad de investigados a todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública". Todos los grupos políticos del ayuntamiento votaron para aprobar el contrato de los comisionistas Luis medina y Alberto Luceño.

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