Los empresarios Adrián de la Joya, Francisco Javier Soucheiron, los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura y el abogado Enrique Maestre han sido detenidos por una presunta trama empresarial. Esta organización habría pagado 30 millones de dólares (26,8 millones de euros) a personas de alto cargo dentro del Gobierno de Guatemala a través de comisiones ilegales. También se contrató al entonces comisario José Manuel Villarejo por 10 millones de euros con el fin de frenar la extradición a este país de uno de los detenidos.

Estos pagos se dieron entre el periodo de 2012 y 2015 al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molin y a la vicepresidenta, Rozana Baldetti. El fin del pago de estas comisiones era que la empresa española Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., obtuviera la adjudicación irregular de la contrucción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal a través de su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal S.A.

Esta investigación se sitúa dentro del 'Caso Villarejo' que se instruye en la Audiencia Nacional y cuyo nombre de la pieza ha sido nombrada como 'Pit'. La justicia guatemalteca ya ha investigado estos hechos y ha condenado a Baldetti a 15 años de prisión por corrupción.

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