Los políticos independentistas presos seguirán el confinamiento en las prisiones donde cumplen condena, después de que las juntas de tratamiento de las cárceles les hayan denegado el permiso para pasar la cuarentena en sus casas, algo que sí han permitido a una quincena de presos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2.
La Generalitat anunció al pasado martes que estudiaría resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, tras lo que el Tribunal Supremo advirtió de que si se enviaba a su casa a los líderes del 'procés' los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.
Finalmente, se ha decidido conceder dicho permiso a cuatro internas de la prisión de mujeres de Wad-Ras (Barcelona) y a once reclusos de Quatre Camins (Barcelona), mientras que el resto de centros penitenciarios "han descartado todos los casos que se han evaluado".
Esto significa que ninguno de los líderes independentistas condenados por el referéndum del 1-O podrán finalmente salir de prisión y pasar en sus domicilios el confinamiento decretado para contener el contagio del coronavirus.
Tras el anuncio, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha acusado al Supremo de haber querido "condicionar" la decisión de los funcionarios de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas, lo que ha tachado de "inaudito, vergonzoso e inapropiado de un Estado de Derecho".
Tal como ya hizo ayer, la titular del Departamento ha recordado al alto tribunal español que los centros penitenciarios deben poder trabajar "sin amenazas ni coacciones" y, en un vídeo, le ha recriminado que "señale con el dedo a los funcionarios" de prisiones.
"A nadie se le escapa que quien condenó a largas condenas a las presas y presos políticos es el Tribunal Supremo, el mismo que ahora señala con el dedo a los funcionarios y funcionarias de los centros penitenciarios, de las juntas de tratamiento", ha censurado.
La Generalitat desató ayer la polémica al ordenar a las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas buscar los resquicios legales que permitiesen enviar a su casa a los internos cuyo régimen se ha visto flexibilizado mediante el artículo 100.2, gracias al cual pueden salir de prisión para trabajar o hacer voluntariado y entre los cuales figuran los presos del 'procés'.
Dicho anuncio, que buscaba "esponjar" las cárceles para evitar la propagación del coronavirus, pretendía extender a los reclusos con el 100.2, cuyas salidas quedaron suspendidas a raíz del estado de alarma, las medidas que ya se aplican a parte de los presos en tercer grado que están pasando el confinamiento en sus domicilios.
Sin embargo, el Tribunal Supremo se apresuró a salir al paso y advirtió a las autoridades de las prisiones catalanas de que podrían incurrir en delitos de prevaricación y que tampoco amparan las instrucciones que el Gobierno dictó para las cárceles a raíz del estado de alarma.
Les avisó, además, de que, si se excarcela a los líderes independentistas, requeriría a las juntas de tratamiento que identifiquen a los funcionarios que avalasen dicha decisión.
Los quince internos a quienes sí se ha permitido confinar en sus viviendas representan el 15% de todos los presos con el 100.2 en Cataluña y ninguno de ellos estaba en centros abiertos.
Se trata, según el Departamento de Justicia, de "decisiones inéditas, justificadas por un contexto de crisis sanitaria" y "sin precedentes", dado que es la primera vez que los centros penitenciarios catalanes plantean esta medida, amparada por una "interpretación no restrictiva del reglamento".
No obstante, la junta de tratamiento de Quatre Camins debe trasladar ahora la decisión al juzgado de vigilancia penitenciaria, que informará a la Fiscalía para que se posicione al respecto antes de decidir si ratifica la propuesta de prisiones, cuya última palabra tiene la Audiencia Provincial.
