La reforma del Código Penal, vigente desde 1995, que llega a la mesa del Consejo de Ministros pone el foco en la lucha contra la corrupción.
El texto incluye 40 medidas de regeneración democrática. Se endurecerán las penas asociadas a la financiación ilegal de los partidos políticos y se extremará el control sobre sus cuentas y sobre el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electos.
Para que las condenas tengan un efecto ejemplar, se agilizarán los procedimientos judiciales y se podrá dictar la inhabilitación cautelar de un encausado si hay indicios suficientes de que ha cometido delito.
Sobre administración desleal, habrá sanciones si el precio de la contratación de los servicios es exagerado. Respecto al delito de malversación, se castigará la firma de contratos sin contraprestación.
La nueva norma establecerá la figura de la prisión permanente revisable, únicamente para supuestos de excepcional gravedad. Justicia precisa que no supone la renuncia a la reinserción del condenado.
En la lucha contra la piratería, España perseguirá por primera vez y con penas de hasta 6 años de prisión a los dueños o administradores de webs de enlaces, páginas que no albergan contenidos protegidos por los derechos de autor pero sí muestran el camino, con ánimo de lucro, a otras que los alojan masivamente. Se podrán retirar los contenidos pirateados e incluso bloquear la página pero no se perseguirá al usuario.
El nuevo Código Penal entrará en vigor, como pronto, la próxima primavera.
