El Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este miércoles abordará la situación en Cataluña si la Mesa del Parlament acuerda tramitar la Ley del Referéndum que se presentó el pasado mes de julio, pero esta no está en el orden del día por el momento. Mariano Rajoy anunció que el Gobierno se reuniría en función de lo que acordara la Mesa del Parlament el día 16 de agosto. Sin embargo, el Consejo de Ministros se va a reunir de todas formas y de manera extraordinaria por otro motivo: avanzar en el arbitraje que zanje la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
Así lo anunció el lunes el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quien concretó que se evaluarán los informes de la Abogacía del Estado y comenzarán los plazos para designar árbitro que determine las soluciones para finalizar el conflicto de los filtros de seguridad de El Prat. Pero esta reunión podría servir también para que el Ejecutivo acordara las medidas que va a adoptar si la Mesa del Parlament, que está convocada para las diez de la mañana de este miércoles, da trámite a la Ley del Referéndum que serviría para dar soporte al referéndum anunciado por Carles Puigdemont para el 1 de octubre.
Mariano Rajoy impugnaría la Ley de Referéndum si se llegara a tramitar
Por el momento, el orden del día de la Mesa del Parlament no ha incluido la admisión a trámite de la citada Ley, con la que deberían fijar el orden de los plenos en los que se discutiría y votaría esta norma. No obstante, el orden del día de la Mesa del Parlament aún se puede modificar, este mismo miércoles e incluso puede plantearlo la propia presidenta en la reunión de la Mesa. El presidente del Gobierno ya había anunciado que, si se diera curso a esta tramitación, reuniría de inmediato al Consejo de Ministros para impugnar la citada Ley del Referéndum ante el Tribunal Constitucional sin esperar a que llegara al Pleno de la Cámara catalana.
Los independentistas catalanes cuentan con otras posibilidades si no se amplia el orden del día de mañana, como posponer la tramitación para más adelante; que la presente el Gobierno de Puigdemont como proyecto de Ley o que se apruebe por decreto ley, que sería la forma más rápida porque entraría en vigor al día siguiente de su publicación oficial.
