El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno renunciar "de forma explícita" a volver a privatizar las nueve autopistas quebradas y rescatadas y paralizar los procedimientos de licitación ya iniciados.
Concretamente, la iniciativa se refiere a la R-2 entre Madrid y Guadalajara, la R-3 entre Madrid y Agranda, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-5 entre Madrid y Navalcarnero, el Eje Aeropuerto M-12, la circunvalación de Alicante y las autopistas AP-41 Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda AP-36 y Cartagena-Vera de la AP-7.
La iniciativa, llevada al Pleno por Unidos Podemos y finalmente pactada con ERC, ha sido respaldada por toda la Cámara Baja a excepción del PP, que ha optado por abstenerse y por Foro Asturias, cuyo único diputado ha sido la única formación en votar en contra.
Asimismo, el texto aprobado por la Cámara Baja exige no ampliar los períodos de ninguna concesión de las actuales autopistas de peaje que vayan finalizando su contrato de explotación, con el fin de que ésta se realice "de forma directa por el sector público".
Así, recuerdan que entre 2018 y 2021 concluyen 9 tramos de autopistas de peaje que, en conjunto, suman más de 1.000 kilómetros: la AP-6 entre Villalba y Adanero, la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.
Por último, en virtud del acuerdo con la formación independentista catalana, el texto aprobado incluye un punto para exigir que no se amplíe "en ningún caso" las tarifas y precios en determinados tramos hasta que finalice su concesión. Concretamente, la AP-6 entre Villalba y Adanero, la AP-1 entre Burgos y Armiñán, la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, y entre Tarragona y La Jonquera, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.
Fomento inicia el próximo 21 de febrero el 'rescate' de las autopistas
El Ministerio de Fomento iniciará el 'rescate' de las nueve autopistas quebradas la próxima semana, el miércoles 21 de febrero, cuando pasará a hacerse cargo de la primera de ellas, la radial R-4 Madrid-Ocaña. Así lo anunció el titular del Departamento, Iñigo de la Serna, quien reconoció de nuevo que el coste de la liquidación de estas vías "tendrá impacto en el déficit público de este ejercicio".
Se trata del importe que, por contrato, el Estado debe pagar a los actuales concesionarios de las autopistas cuando se les rescinda el contrato para compensarles por la inversión que realizaron en su construcción.
El Gobierno cifró en unos 2.000 millones el monto de esta 'factura', la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño. No obstante, De la Serna asegura que se trata de una cantidad "orientativa" y que la definitiva dependerá del análisis que se realice "autopista por autopista".
Además, el ministro remarcó que el impacto de la liquidación de las autopistas en las cuentas públicas "se reducirá de forma significativa" con el importe de entre 700 y 1.000 millones de euros que Fomento prevé obtener con el concurso que lanzará este mismo año para volver a ceder la explotación de estas vías a empresas privadas.
