Condenan al Gobierno aragonés por no proporcionar EPIs a los sanitarios de Teruel durante la pandemia del coronavirus

El sindicato de médicos Fasamet ha presentado una demanda contra el Gobierno de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por no proporcionar los equipos adecuados a los sanitarios para protegerse del riesgo de contagio por el coronavirus

Al final se ha resuelto con la condena al Gobierno y a las dos instituciones de proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y socio-sanitarios, públicos o privados, de la provincia de Teruel. Aún se esperan las sentencias definitivas para Huesca, cuyo juicio tuvo lugar el 28 de mayo, y Zaragoza, donde el juicio se ha convocado para el día 8 de junio.

La jueza, Elena Alcalde, instructora del caso, sostiene que a la administración autonómica corresponde el deber de asegurar "en todo momento" los correspondientes servicios sanitarios y su adecuado funcionamiento.

El Gobierno de Aragón "tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo", añade.

En el fallo de la sentencia, la jueza condena a las administraciones demandadas a restablecer los "derechos vulnerados" y a proporcionar a todos los empleados públicos sanitarios del Grupo A de Teruel, en el momento que tenga disponibilidad, mascarillas FFP2 o FPP3; protección ocular anti-salpicaduras o protector facialcompleto; guantes; gorros; calzas específicas; hidrogel o hidroalcohol biocida, y contenedores de residuos, así como a reponer estos materiales cuando sea necesario, previa evaluación individual del riesgo.

El Gobierno de Aragón alegó que esta situación que se ha dado por la pandemia de coronavirus es "de fuerza mayor, imprevisible e inevitable", pero la magistrada entiende que la administración autonómica debió prever la necesidad de disponer de abundantes EPIs para los sanitarios, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía.