La Comunidad de Madrid califica de "locura" que el Gobierno pueda cerrar colegios y empresas con un nuevo estado de alarma

La Comunidad de Madrid plantea una nueva reunión con el Gobierno, tras las conversaciones entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso sobre las medidas a tomar en sustitución de lasanuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una nueva reunión a pesar de que a primera hora de la mañana ya está convocado un Consejo de Ministros extraordinario para, previsiblemente, decretar el estado de alarma por parte del Gobierno si no lo pide la comunidad.

La comunidad lo que quiere es "movimiento restringido en determinadas zonas básicas de salud", la estrategia que ya puso en marcha hace días y que, dice, está dando resultado. Pero no contempla un estado de alarma limitado geográficamente. No cree que sea lo más conveniente volver al cierre de colegios o empresas como en marzo. Fuentes de la comunidad lo califican de "locura".

Ultimátum de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para avisarle de que, si no toma medidas para volver a restringir la movilidad en Madrid o no solicita la declaración del estado de alarma para fijar nuevas medidas junto al ejecutivo, será el Gobierno central el que lo haga, según ha informado Moncloa. Asimismo, el Gobierno deja claro que "en cualquiera de los tres casos, las medidas de confinamiento perimetral y demás normas serían exactamente las mismas que ya se venían aplicando, pues lo único que cambiaría sería el instrumento legal por las que se adoptan, es decir, la cobertura jurídica".

En una segunda conversación telefónica, al parecer, la presidenta de la Comunidad de Madrid contestó a Sánchez que necesitaba tiempo. El presidente ha decidido darle de plazo hasta el Consejo de Ministros extraordinario. En todo caso, Sánchez lo presidirá para analizar la situación y tomar las decisiones que correspondan. Sánchez ha realizado su llamada a Ayuso tras regresar del viaje a Argelia y reunirse con su equipo, con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la Orden revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por razones "no de fondo", según defiende Moncloa, "sino de mera habilitación legal para adoptarlas".