Castilla y León se prepara para ir a las urnas el 15 de marzo

Castilla y León ya tiene fecha para su próxima cita con las urnas, aunque aún no se hará oficial hasta el lunes. El entorno del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, da por cerrado que las elecciones se celebrarán el próximo 15 de marzo. El anuncio oficial llegará este lunes, 19 de enero, en una comparecencia pública convocada a las once de la mañana. Con este paso, la comunidad se incorpora a un calendario electoral especialmente intenso en el arranque de 2026.

La convocatoria convertirá a Castilla y León en la segunda gran cita autonómica del año, después de los comicios celebrados en Extremadura y a pocas semanas de las elecciones previstas en Aragón, fijadas para el 8 de febrero. El contexto político nacional y el resultado de estas votaciones previas pesan en la estrategia de los partidos.

El precedente de otras comunidades

El precedente más inmediato es Extremadura, donde el Partido Popular se impuso en las urnas, aunque sin alcanzar la mayoría suficiente para gobernar en solitario. Ese resultado obligó a pactos posteriores y dejó al PSOE con los peores datos electorales de su historia en la región. En Aragón, las previsiones sitúan al PP como favorito, lo que refuerza la expectativa de los populares ante la sucesión de convocatorias.

En Castilla y León, la decisión de acudir a las urnas llega tras una legislatura marcada por dificultades para aprobar los presupuestos autonómicos. El ejercicio comenzó con las cuentas prorrogadas, una situación que también se ha repetido en otras comunidades. A diferencia de Extremadura o Aragón, donde los presidentes adelantaron elecciones al no lograr apoyos suficientes, Mañueco ha optado por agotar los plazos legales y fijar la fecha en el límite permitido.

Una fecha medida al calendario legal

La elección del 15 de marzo responde a criterios estrictamente legales. Ese lunes vencía el plazo establecido para convocar elecciones conforme a la Ley del Régimen Electoral General, lo que permite al presidente cerrar formalmente la legislatura sin un adelanto precipitado. La decisión busca ofrecer una imagen de estabilidad institucional, pese a la falta de nuevos presupuestos.

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