Inmersión lingüística
Caso Canet de Mar: El Gobierno pide al PP que no use "la riqueza lingüística de nuestro país para enfrentarnos"
La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha condenado "cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir", en referencia a las amenazas sufridas por la familia de Canet de Mar que pidió que aumentasen las horas lectivas en castellano.
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Sin condenar la postura de la Generalitat, que sigue pidiendo que no se acate la sentencia del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir en los colegios de Cataluña un 25% de las asignaturas en castellano, el Gobierno ha pedido este viernes el PP que no trate de sacar rédito político de esta situación.
La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido a los 'populares' en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no usen la riqueza lingüística de nuestro país para enfrentarnos". Unas declaraciones que llegan después de que el TSJC haya ordenado a la Generalitat proteger a la familia de Canet de Mar que pidió que aumentasen las horas lectivas de castellano.
Rodríguez, en cualquier caso, sí "cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir" en la localidad catalana y ha insistido en que la sentencia del TS "se tiene que cumplir".
Colaboración con la Generalitat
Además, la portavoz del Gobiern ha asegurado que el Gobierno ha ofrecido toda su colaboración a la consejería de Educación de la Generalitat para que se proteja a la familia y al menor de Canet de Mar del acoso que sufre por pedir más enseñanza en castellano.
También ha revelado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a quien ha expresado "todo su apoyo" para evitar "cualquier tipo de acoso en este caso o en otro" que suceda en una escuela de Cataluña o de cualquier otro punto del país.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado este viernes a la Generalitat que garantice la "protección" y la "intimidad" de este alumno y ha dado un plazo de diez días a la consellería de Educación para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el dictamen del alto tribunal catalán.
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El TSJC obligó, de forma cautelar, al colegio a impartir un 25% de las clases en castellano al grupo de este alumno, cuya familia había pedido inicialmente recibir el 50% de las lecciones en español.
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