Casado no se arrepiente de sus declaraciones sobre las escuelas catalanas aunque reconoce que no lo contrastó

Pablo Casado no se arrepiente de las declaraciones que realizó en 2021 en las que aseguraba que en las escuelas catalanas se prohibía a los niños ir al baño por hablar en castellano. Asegura el expresidente del PP que no contrastó dicha información porque, salía en los medios de comunicación, pero manifestó ante el juez que "lo volvería a hacer".

Casado ha declarado ante el juez del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, que lo ha citado como investigado por presuntas injurias al decir que en Cataluña los profesores tienen instrucciones de no dejar ir al baño a los niños que hablan en castellano. Fuentes presentes en la sala informan de que el expresidente del PP ha llevado a cabo su declaración a través de una videoconferencia limitándose a responder a las cuestiones que formuló su defensa y el magistrado.

Casado defiende que los datos sobre las escuelas y el catalán los sacó de los "medios de comunicación y, como la Generalitat no se había querellado contra ellos, las daba por buenas". Se ha escudado en que estaba amparado por la inmunidad parlamentaria cuando pronunció esas palabras en un mitin en Galicia aunque el juez habría rechazado este recurso ya que considera que sus manifestaciones "no fueron realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, sino como presidente del PP".

El expresidente popular dice sentirse víctima de un "trato diferencial" respecto a los diputados del Parlament, a quienes no se persigue judicialmente por sus declaraciones políticas.

Casado ha explicado que el objeto de sus declaraciones era denunciar la situación del castellano en Cataluña y poner en entredicho la política lingüística de ERC y Junts, así como mostrar su apoyo a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que instigó la sentencia del 25% porque, a su parecer, estaba siendo víctima de un "delito de odio".

En el mismo acto de 2021 en las que Pablo Casado realizó estas polémicas declaraciones también se preguntó: "¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que, por hablar castellano en el recreo, les metieran piedras en la mochila?".

Esta última cuestión hacía referencia a un hecho ocurrido en 1997 en un pueblo de Vizcaya, Zeanuri, donde un grupo de padres denunció que los monitores de un campamento cargaban a sus hijos con piedras por hablar castellano, pero estas acuasaciones fueron negadas por la dirección.