La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, instructora de la causa por agresión de Guardias Civiles en Alsasua (Navarra) y que procesó por sedición al major Josep Lluis Trapero, toma este lunes posesión de su plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Además de Lamela, toman posesión de sus cargos los otros dos magistrados que fueron designados para la Sala de lo Penal por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 24 de julio, que son Eduardo Porres y Susana Polo. Con la entrada de esa última y la de Lamela serán ya tres las mujeres en una Sala, la de lo Penal, que ha estado ocupada únicamente por hombres hasta 2014, cuando tomó posesión la pionera Ana Ferrer.
En el acto formal, bajo la presidencia de Carlos Lesmes, también tomará posesión Fernando Rodríguez Rey como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Lamela, que obtuvo 13 de los 21 votos del Pleno del CGPJ, pasará a ocupar la plaza que ostentaba el ex fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado mes noviembre durante un viaje de trabajo a Argentina. Se trata de la juez que ha instruido la causa íntegra que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y otros tres procesados más por delitos de organización criminal y sedición por la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y los incidentes en sedes de la Generalitat en septiembre.
Además, fue la primera magistrada que comenzó instruyendo la causa independentista catalana antes de que ésta pasara a manos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El 16 de octubre envió a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al considerar que las concentraciones al frente de la Consejería de Economía no fueron pacíficas y que tenían la clara intención de impedir los registros judiciales. También dictó la orden europea de detención y de búsqueda y captura nacional e internacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, después de que estos no se presentasen en noviembre a declarar por los hechos relacionados con el 'procés'; y acordó el ingreso en prisión incondicional para los nueve exconsejeros catalanes que sí comparecieron en la Audiencia Nacional, salvo para el que fuera responsable de Empresa Santi Vila que dejó en libertad un día después tras pagar 50.000 euros.
El pasado mes de noviembre el CGPJ otorgó la titularidad del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que llevaba dos años como sustituta del hasta entonces titular Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace en Francia. En este tiempo también ha instruido la causa que se sigue contra el expresidente del Barça Sandro Rosell por integrar una red que se apropió, presuntamente, de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, según informa EP.
Igualmente investigó la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016 en la que procesó a nueve personas por los delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. La magistrada consideró desde el primer momento que era competente para instruir el caso porque había indicios de terrorismo. Lo mismo ocurrió con los disturbios ocurrido el 11 de marzo de 2017 en el casco antiguo de Pamplona. La nueva magistrada de la Sala Segunda ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1986 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orihuela, para servir posteriormente en Juzgados mixtos de Manzanares y de Badalona, donde fue juez decana.
Por lo que respecta a Susana Polo, ocupará la plaza convocada como consecuencia del nombramiento de Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado y cuya convocatoria fue anunciada con anterioridad al reingreso de dicho magistrado al Tribunal Supremo. La magistrada Susana Polo quedará adscrita a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca. Por su parte, Porres ocupará la plaza convocada por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón.
