La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el ejecutivo tiene previsto aprobar la semana que viene, en Consejo de Ministros, la ley de Memoria Histórica.
No podrá haber fundaciones que enaltezcan dictaduras
Una ley, dice Calvo, que "situará a España a niveles de otras democracias del mundo" y que significará un reconocimiento de las victimas: " Una dignificación de las mismas, para dar respuesta a las víctimas, no podrá haber ninguna fundación pública, con recursos públicos que puedan enaltecer o promocionar ideas totalitarias, figuras dictatoriales que son todo lo contrario a lo que nos trae aquí”, ha afirmado sin referirse expresamente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
Según Calvo, nuestro país no puede tener "víctimas en fosas comunes, ni familias más de 40 años calladas,es lo más indigno en nuestro país".
Exhumaciones y banco de ADN
Para ello la vicepresidenta ha anunciado un plan de exhumaciones con fondos públicos y un banco de ADN, decisiones "muy tajantes" que toma la Ley según Calvo: "darles sepultura con el honor que les corresponde" porque lucharon contra el fascismo, que salieron al exilio : "Son el pozo ético del cual proviene esta democracia que somos ahora".
El Gobierno pretende, ha afirmado Calvo, "darles sepultura con el honor que corresponde".
Además, Calvo ha confirmado que ha tenido ocasión de hablar con “los grupos que es importante que compartan los objetivos de la ley” para tratar de sacar adelante la reforma en el Congreso “y los trabajos han sido fructíferos”, ha asegurado.
Curso político: 171 normas
La vicepresidenta ha dado cuenta del nuevo plan normativo para el segundo semestre, del que ha señalado que habrán algunas normas importante como la mencionada, pero también otras de un total de 171 propuestas normativas diseñadas para toda la legislatura. Entre ellas, dio cuenta de tres leyes orgánicas, 58 leyes ordinarias y 119 reales decretos.
Entre ellas, el Gobierno prevé una reforma constitucional, en particular del artículo 49 para cambiar la terminología con la que la Constitución se refiere a las personas con discapacidad. “Espero que salga por unanimidad”, ha dicho esperar.
