El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevé agotar el plazo de este lunes a las 10.00 para responder al requerimiento del Gobierno central sobre si el martes declaró o no la independencia, contestación de la cual depende que el Estado aplique a la autonomía catalana el artículo 155 de la Constitución.
Medios de comunicación afines al independentismo afirman que será una declaración política y ambigua, lo que significa que se agotará la oportunidad ofrecida por el Gobierno para volver a la legalidad.
Así lo han explicado este domingo fuentes gubernamentales, horas antes de expirar el plazo, y después de que Puigdemont haya dicho ante la tumba de su antecesor Lluís Companys: "Reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar".
En ese mismo acto también han hablado los partidos: el más explícito ha sido ha sido la CUP, cuando Gabriela Serra le ha reclamado decir a Rajoy que sí declaró la independencia, y también ha pedido que el Parlament la declare en la misma semana, o la CUP estudiará abandonar la cámara -también dependiendo de la actitud del Gobierno central-.
El vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) ha pedido unidad y confianza en el Govern, como Marta Pascal (PDeCAT), que ha antepuesto esta necesidad de unión a que la CUP plantee ahora un pleno; y Salvador Illa (PSC) ha pedido a Puigdemont que confirme a Rajoy "la verdad": que no declaró la independencia, según él.
También Ciudadanos y PP han ido pidiendo durante la semana que no se declare la independencia, al contrario de la ANC y Òmnium Cultural, que han ido alentando a Puigdemont para que siga adelante hacia la república.
Joan Coscubiela (SíQueEsPot) ha dicho esta semana que lo más claro que dijo Puigdemont el martes fue defender el diálogo; y la cara más visible de los comuns y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido no declarar la independencia, sino aportar diálogo y soluciones políticas en vez de judiciales.
El requerimiento
Según el requerimiento que el Gobierno envió el miércoles por burofax, Puigdemont puede responder hasta el lunes a las 10.00 si declaró la independencia -no responder se considerará una respuesta afirmativa-; y tiene hasta el jueves 19 a la misma hora para cumplir íntegramente el requerimiento.
Cumplirlo totalmente implica revocar la declaración -si la hizo-, para "restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente", y cumplir íntegramente las resoluciones del TC.
Además, Puigdemont debería comunicar el requerimiento a la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa, "requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario".
Y se insta al presidente a comunicar el día 19 al Gobierno central "de forma fehaciente" que tanto él como el Parlament han cumplido el requerimiento.
El último punto del texto constata que Puigdemont es el más alto representante de la Generalitat y del Estado en Cataluña, por lo que, si no cumple el requerimiento, el Gobierno central instará al Senado a tomar las medidas necesarias para que Cataluña cumpla "sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155".
