"No es una ley con menos juez, sino todo lo contrario, con más juez", ha defendido Caamaño en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reforma se enviará al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía y al Consejo Fiscal para que emitan los correspondientes informes preceptivos.
El titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo intentará que esta reforma pueda ver la luz antes del final de la legislatura y ha expresado su confianza en el trabajo de los grupos parlamentarios y en la posibilidad de que se alcance el consenso necesario para su aprobación.
Para el portavoz del Gobierno, José Blanco "la nueva ley nos acerca más a las democracias modernas" y ha destacado que su cambio "estructural" afectará al 70% de las causas que llegan a los juzgados. Además, proporcionará al ciudadano "más garantías y más seguridad".
Además de estos dos anteproyectos, el Gobierno ha aprobado hoy también para su remisión al Congreso el proyecto de ley por el que se crean los tribunales de instancia, órganos colegiados que en tres años sustituirán a los juzgados tradicionales, ahora unipersonales, lo que supondrá, según Caamaño, un cambio profundo en la organización de la Administración de Justicia. Los nuevos tribunales de instancia englobarán a los jueces de un partido judicial por secciones y tendrán un presidente, que sustituirá a la actual figura del decano, aumentando sus competencias. Dicho presidente será elegido por los jueces que integren el tribunal para un mandato de cuatro años.
Objetivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Con esta ley, será el fiscal y no el juez, como ocurre hasta ahora, el que controle las investigaciones. Además, incorpora la figura del juez de garantías, encargado de velar por los derechos fundamentales del 'investigado', término sustituye al actual 'imputado'. También contará con un juez de audiencia preliminar, que examinará la validez del material probatorio y decidirá si se debe formular acusación contra esa persona.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal también pretende acabar con la denominada 'pena de telediario'. De esta forma, prohíbe facilitar durante la fase de investigación la identidad y las imágenes del detenido y establece que será el fiscal quien autorice dar el resto de información a los medios de comunicación.
Justicia ha puesto especial empeño en dar la máxima protección tanto a los derechos del detenido como a los del ofendido. Así, la norma recogerá un 'Estatuto de Víctimas' y delimitará detalladamente la intervención de las comunicaciones, los registros domiciliarios, la mediación, el principio de oportunidad, la protección de datos o las investigaciones encubiertas llevadas a cabo por los denominados 'agentes dobles'.
Entre otros puntos, también recoge que las exploraciones corporales, por ejemplo, al extraer muestras de ADN al detenido, se hagan siempre en presencia del personal médico autorizado junto con la autorización judicial.
Durante el juicio, podrá haber careos entre testigos y el acusado podrá sentarse en compañía de su abogado defensor.
Ni sindicatos ni partidos pueden ejercer la acusación popular
La nueva ley también limita la figura de la acusación popular, de forma que los sindicatos, las administraciones públicas, los partidos políticos no la puedan ejercer.
La redacción de esta nueva norma ha incorporado sugerencias de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico con el fin de alcanzar la máxima claridad de cara al ciudadano.
