El actual ministro de Exteriores asegura que no está de acuerdo con la sanción pero que tendría que recurrirlo ante el propio gobierno del que forma parte y eso podría dar lugar a "muchas lecturas".

El ministro se ha reafirmado en que no utilizó información que hubiera podido obtener en su condición de consejero para vender esas acciones, pero, como para recurrir la sanción de la CNMV tiene que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, ha decidido no recurrir.

José Borrell, que ha dicho que no ha actuado basándose en información privilegiada en la gestión de su cartera de valores y de aquellas propiedad de un familiar cuya gestión le había sido encomendada, ha indicado que para ir a los tribunales tendría que pasar "necesaria e inevitablemente" por ese recurso previo de alzada ante el Ministerio de Economía.

Ha añadido que ello le plantearía la "anómala situación" de que un ministro recurra ante el Gobierno del que forma parte, "lo cual no me parece políticamente correcto porque puede ser presentado como un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas".

"Por eso, he decidido, por responsabilidad política, renunciar a la posibilidad de recurrir que ejercería si fuese un simple ciudadano y aceptar la sanción por una falta administrativa que corresponda, aunque esté en desacuerdo con ella y la considere injusta", ha afirmado Borrell.

El ministro ha reconocido que la operación de venta de acciones, que representaba una parte muy pequeña del total de acciones sobre las que tenía capacidad de operar, "no fue adecuada por el momento en que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar".

Ha agregado que "fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, sólo una falta administrativa" y que no afecta a "las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial".