La exconsejera de Gobernación de la Generalitat Meritxell Borrás ha admitido este miércoles en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que suscribió el decreto de convocatoria de referéndum de independencia del 1-O a pesar de que su firma no era necesaria por considerar que la rúbrica de todo el Govern era "un gesto o símbolo" de que iban a responder a la voluntad popular.

"Era más una imagen de compromiso que una voluntad de gastar dinero público", ha puntualizado.

Borrás es la séptima encausada en responder ante el Tribunal, pero la primera que lo hace en situación de libertad. La Fiscalía solicita para ella un total de 7 años de cárcel y a diferencia del resto de exlíderes independentistas que han declarado hasta este miércoles no se le acusa de rebelión, sino de desobediencia y malversación de fondos públicos.

En un momento de la declaración, el fiscal ha recordado a la exconsejera la lectura en el Parlament, durante el acto de Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, del "preámbulo" de las propuestas de resolución que se votaron ese día.

"Era lo que se había firmado por parte de los diputados, pero también es verdad que un preámbulo no obliga a nada ni establece a nada"; ha respondido Borrás, que momentos después ha afirmado que la DUI fue "una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas".

Gastos cero en el 1-0

Ante las numerosas preguntas del fiscal Jaime Moreno, Borrás ha reiterado en varias ocasiones que la firma del decreto de convocatoria del referéndum no implicaba que se fuese a gastar "ni un euro" del departamento que dirigía para esa consulta, y ha añadido que está convencida de que "tampoco se usó en otros departamentos".

Moreno ha dicho no entender el razonamiento, por lo que ha preguntado a la acusada "cómo iban a correr con los gastos del referéndum" que estaban convocando si el Tribunal Constitucional había anulado las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a consultas y ella misma asegura que la intención del Govern era cumplir ese mandato.

"La firma del decreto era la muestra de una voluntad política"; "Dinero público no. No se usó para el referéndum y esta era una clara voluntad del Gobierno"; "El decreto era más por dar esa imagen de compromiso del conjunto del Gobierno que no la voluntad de gastar dinero público", han sido algunas de las respuestas que ha dado Borrás ante las numerosas preguntas del fiscal sobre este asunto.

Sobre la advertencia del TC de impedir y paralizar cualquier acción relacionada con el 1-O, Borràs ha hecho una extensa explicación sobre la situación en la que se encontraba su departamento , que se encontraba ultimando un acuerdo marco para tener empresas seleccionadas para el encargo de material electoral. En este sentido, ha rechazado que tuviese alguna relación con el referéndum, pese al "ruido de fondo" que había al respecto.

En esta línea, ha afirmado con rotundidad que no se "compró las urnas", pues este contrato marco finalmente quedó "desierto" porque ninguna de las empresas que se presentaron cumplía los requisitos. Aún así, Borràs ha contado que coincidiendo con ese proceso tuvo conocimiento de que se presentó una querella contra ella, por lo que decidió consultar al preguntar al tribunal de garantías si su gestión era correcta, quien le contestó que este tipo de acuerdos se podía hacer en el marco de proceso electoral.

Posteriormente, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha apuntado que con la remodelación del equipo de Carles Puigdemont en julio de 2017, su departamento "perdió" la gestión de los procesos electorales y se ha desvinculado de la organización de la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional.

Voluntad de acuerdo con el Gobierno

Borrás ha explicado que ella siempre entendió que había un "conflicto político" y que el Govern siempre tuvo "voluntad de llegar a un acuerdo con el Gobierno español".

"Teníamos además un mandato del Parlament, con mayoría absoluta, y ahí había una voluntad de solucionar una cuestión política a través de la política. Pero como dijo el vicepresidente Junqueras, sin nadie en la otra silla", ha remarcado.

A preguntas de su abogada, Judith Gené, Borrás se ha emocionado y ha llegado a verter algunas lágrimas frente al tribunal al recordar que la razón por la que estuvo unos días ilocalizable para recibir los primeros requerimientos en los que el Tribunal Constitucional advertía de posibles incumplimientos de sus suspensiones por parte del Govern. Ha manifestado que ello se debió a la muerte de su padre y que nunca puso ningún reparo a recibirlos.

En este momento ha intervenido el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para decirle a la acusada que la sesión podría pararse si ella lo necesitaba, si bien la exconsejera ha rechazado el ofrecimiento y ha seguido declarando.