El Gobierno ha anunciado las medidas pactadas sobre las restricciones a la movilidad entre las comunidades autónomas en Semana Santa y el puente de San José con el objetivo de limitar los contagios de coronavirus y prevenir la posible aparición de una cuarta ola epidemiológica del COVID-19.
Votado en contra por la Comunidad de Madrid y se contó como abstención la ausencia de Cataluña, el acuerdo se aprobó el miércoles pasado e incluye limitaciones a la movilidad entre los territorios de la península en Semana Santa, así como en las comunidades autónomas en las que sea festivo el día de San José, conocido también como Día del Padre. Así, los únicos territorios exentos son las Islas Canarias y las Islas Baleares.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes 12 de marzo de 2021 la resolución de de la Secretaría de Estado de Sanidad que recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Cierres perimetrales frente al coronavirus
Una de las medidas y restricciones es el cierre perimetral desde el 17 al 21 de marzo en el puente de San José en la Comunidad Valenciana, Euskadi, Navarra, Murcia, Madrid, Galicia y Extremadura y del 26 de marzo al 9 de abril en todo el territorio nacional, coincidiendo con la Semana Santa en sí y, además, las vacaciones escolares.
Horario del toque de queda
En cuanto al horario nocturno, se impone el toque de queda a partir de las 23:00 horas hasta las las 6:00 horas durante las vacaciones de Semana Santa y el Puente de San José, aunque las comunidades pueden acordar un horario más restrictivo, como viene ocurriendo desde que se aprobó este segundo estado de alarma. Del mismo modo, se limita la permanencia de grupos a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y seis en abiertos, excepto si son convivientes.
Desacuerdo de la Comunidad de Madrid
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruíz Escudero, ya anunció tras la reunión que la región no va a acatar este acuerdo, como ya ocurriera en ocasiones anteriores. El Gobierno, por su parte, insiste en que las normas son de obligado cumplimiento para todos los territorios españoles, votaran a favor o en contra.
