Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y lo deja en manos de los tribunales

La Comunidad de Madrid ha decidido no poner en marcha el registro de objetores de conciencia al aborto que el Ministerio de Sanidad reclamó a varias autonomías. El departamento que dirige Fátima Matute ha comunicado que no entregará las listas de los médicos que se niegan a practicar interrupciones del embarazo y que, si el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere imponer ese control, deberá recurrir a los tribunales. Aragón y Las Baleares, también en manos del PP y sujetas al mismo requerimiento, han optado por el camino contrario y han aceptado activar la base de datos.

El plazo de un mes fijado por Sanidad terminaba este viernes. En ese contexto, la consejera madrileña ha defendido la posición del Gobierno regional y ha resumido su enfoque sobre el aborto: "En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos", ha explicado ante los medios.

A continuación ha marcado distancia respecto al Ejecutivo central: "Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario", ha añadido.

Madrid rechaza el registro de objetores de aborto

La decisión llega después de varias semanas de señales en la misma dirección. El Gobierno autonómico ya había anunciado que sus servicios jurídicos analizaban el alcance de la obligación introducida tras la reforma de 2023, que desarrolla la ley de 2010.

El portavoz madrileño llegó a afirmar en octubre que ese registro "no vale para absolutamente nada", una idea que Matute ha ratificado en esta jornada.

El planteamiento de la Comunidad, sin embargo, choca con la interpretación del Gobierno central. Sanidad sostiene que el registro sirve para organizar el servicio y asegurar que el derecho al aborto se cumple en los términos que marca la ley. El texto establece que las autonomías gestionan estos listados, con acceso limitado y sin obligación de justificar los motivos de la objeción, con el objetivo de no cargar toda la práctica sobre los profesionales no objetores ni dejar zonas sin cobertura.

El debate se ha intensificado desde octubre, cuando Isabel Díaz Ayuso respondió a las críticas con una frase que provocó una fuerte reacción política y social: "¡Váyanse a otro lado a abortar!".

Esa expresión evocó una etapa en la que el aborto se realizaba fuera de España y conectó con la larga evolución de esta materia, desde los viajes a Londres durante la dictadura y los primeros años de la democracia, a la regulación de 1985 basada en tres supuestos y la reforma de 2010, que permite abortar de forma libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de problemas de salud.

Presión de la oposición y brecha interna en el PP

Las palabras de Ayuso y la negativa al registro han generado una respuesta constante de la oposición en la Asamblea de Madrid. PSOE y Más Madrid han insistido en que la Comunidad debe cumplir la ley y activar la base de datos, tal y como hacen el resto de territorios.

La presidenta, no obstante, ha mantenido una posición firme: "No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca (aunque este no sea el espíritu del registro, obligatorio tras la reforma de 2023, que varía la de 2010)".

El movimiento de Madrid contrasta con el giro de otras administraciones. Aragón y Las Baleares, que en un primer momento rechazaron el requerimiento de Sanidad, han comunicado en el último mes que pondrán en marcha el registro para ajustarse a la normativa. "Lo mismo el Govern, que da marcha atrás y lo harán ahora para cumplir con la normativa", recogen las mismas fuentes.

En el plano estatal, la dirección del PSOE interpreta la decisión de Ayuso como un pulso abierto al Gobierno y también a la cúpula del PP. Fuentes socialistas consideran que la presidenta madrileña es "insumisa con los derechos de las mujeres" y sostienen que debe "cumplir con la ley". En ese análisis, ven una desautorización indirecta a Alberto Núñez Feijóo, que intentó sin éxito unificar la postura de su partido sobre este asunto.

Feijóo ha defendido en distintas ocasiones que está dispuesto a cumplir la ley vigente y ha planteado que, en caso de llegar a La Moncloa, introduciría una enmienda para que el registro recoja solo a quienes quieren practicar abortos. Frente a ese esquema, Ayuso mantiene su negativa a cualquier lista y se afianza como voz propia dentro del partido.

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