Las autoridades belgas aclaran que sólo conceden asilo con "señales serias de persecución" e "imposibilidad de protección en el país"

El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha dicho que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo, como podría ser el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, deben existir "señales serias de persecución" o de que corre riesgos en el país de origen. "Debe haber señales serias de persecución pero, incluso en el caso de la persecución, (debe haber) una imposibilidad de obtener protección en el país", ha señalado Van den Bulcke en declaraciones recogidas por la cadena de televisión RTL.

El comisario no ha comentado el caso concreto de Puigdemont y algunos de sus exconsellers, que han viajado a Bruselas después de que este domingo el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriese que el expresidente catalán puede solicitar "asilo político" en Bélgica. El primer ministro belga, Charles Michel, se desmarcó de las declaraciones de Francken y aseguró que el asilo para el expresidente catalán "no está en absoluto en el orden del día de su Gobierno".

Van den Bulcke señaló que es "normal" que exista la presunción de que no hay posibilidad de que un ciudadano europeo obtenga asilo en otro Estado miembro, "salvo, en teoría, en situaciones muy excepcionales, muy especiales". Bélgica es uno de los pocos países europeos que tiene previsto un procedimiento de asilo para ciudadanos de otros Estados miembros, que tienen que presentar su solicitud en la Oficina de Extranjería.

Esta oficina remite la solicitud al Comisariado General para Refugiados y Apátridas (CGRS), que tiene cinco días para tomar una decisión contra la que no cabe recurso en caso de rechazo. Sin embargo, esta institución puede optar por desestimar la solicitud "si no queda claro en la declaración del solicitante que él o ella tiene un miedo fundado a la persecución o corre un riesgo real de daños serios". En los últimos diez años, minorías gitanas de Eslovaquia y Rumanía han recurrido a este procedimiento, aunque sin obtener respuesta positiva.