La Audiencia Provincial de Madrid avala que Peinado investigue a Begoña Gómez y su asesora por presunta malversación

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid llamó a Begoña Gómez y Cristina Álvarez a declarar como investigadas por presunta malversación. Sin embargo, estas presentaron dos recursos que han sido desestimados por los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ahora, la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, serán investigadas por el juez Juan Carlos Peinado. En el auto, recogido por Europa Press, señalan que ambas "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación". Añaden que en la causa investigada "constan indicios" de que Álvarez haya cometido un "posible exceso en sus funciones".

Aunque exponen que "por el momento" no se puede "llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento en la causa". Aún así insisten en la actividad de Álvarez, que parece más al de "una amiga interesada en asuntos lucrativos" que en la labor propia de una asistentes.

El motivo por el que los magistrados para llegar a esta conclusión, es que dicha función "podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, durante los siete días de la semana", un horario "excesivo" que se asemeja más al de "una amiga" que al de "la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".

Sobre por qué se dio el nombramiento a Álvarez no objetan nada, ni siquiera dudan. Solo inciden en "la posible extralimitación de sus funciones" las cuales tienden a "favorecer el presunto plan delictivo" de Begoña Gómez, "la principal investigada".

"Amiga íntima"

No obstante, sí "resulta dudoso" en la relación de la persona nombrada, en este caso Álvarez. Sospechan que "haya recaído en una amiga íntima" de la esposa del presidente del Gobierno. En el caso de que se confirme "sería la primera vez, en este tipo de nombramientos". Este tipo de puesto suele "recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función".

En cambio, Gómez habría recurrido a "una persona de su máxima confianza", la cual se aseguraría "del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto" donde atienden "a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público", en lugar de indicarla "por un complicado mundo de formalidades ceremonias y actos oficiales".

Todo esto, "supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal del malversación". Aunque los magistrados precisan que el cumplimiento que desempeña Álvarez en su trabajo no es objeto de investigación, sino "determinar la desviación de sus funciones en el interés particular" de Gómez y su asesora, entendiéndolo como "aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales".

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