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Jordi Pujol

La Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol por formar una "organización criminal" para enriquecerse con la corrupción

La Audiencia Nacional propone sentar en el banquillo a toda la familia Pujol por haberse lucrado de su posición en Cataluña para enriquecerse. Les acusa de al menos cuatro de

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata quiere que se juzgue a la familia Pujol Ferrusola por "formar una organización criminal" que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

Posibles delitos

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que pone fin a la investigación del caso principal de los muchos abiertos a varios miembros de la familia ,el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 considera que los hechos investigados serían constitutivos de un delito organización criminal o asociación ilícita, de blanqueo de capitales, de otros contra la Hacienda Pública y más de falsedad documental.

Veintisiete acusados

La acusación va contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola Llados y contra sus siete hijos, además de contra otras 18 personas que participaron o colaboraron en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. Acuerda también el sobreseimiento provisional parcial de la causa en relación con Ramón Gironés Riera, Ana Vidal Maragall y Amelia Barrigón Lafita.

Desde la Presidencia de la Generalitat

En más de 500 páginas, explica que la investigación durante estos años ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol Soley entre 1980 y 2003.

No había herencia del abuelo

La procedencia de ese patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que, en algún caso es desconocida, si bien, no existen indicios sólidos que acrediten que provenga, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol Brugat. “A lo largo de la investigación -señala el juez- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Así, paradójicamente, explica de la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado; el momento y forma en que llegó a Andorra; y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades).

Comisiones por contratos

Para el juez el origen de los fondos está en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones, etc., a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán.

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se verificaban simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales.

Todos estos pagos se hacían, en algunos casos, simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala. De hecho, añade, en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.

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