Están acusados de haberse adjudicado pensiones millonarias, de más de 30 millones de euros, sin el conocimiento de los órganos de control de la entidad, Caixa Penedés. La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general de dicha caja, Ricard Pagès, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, y reclama que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, los exdirectivos, junto al ya fallecido responsable de Recursos Humanos Jaume Jorba, contrataron "a espaldas de los máximos órganos colegiados de la caja" pólizas de seguro por valor de más de 31,6 millones que cobrarían en caso de abandonar sus puestos.
El fiscal considera a Ricard Pagès el cerebro de la trama, que urdió con el consentimiento y colaboración de su círculo de directivos más próximo, el resto de acusados, para generar obligaciones económicas" a Caixa Penedès "para su beneficio particular". Pagès, aprovechando su poder "omnímodo", diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse a él y a sus más cercanos colaboradores una "desproporcionada ganancia patrimonial" a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo "por cualquier motivo", señala el fiscal.
La "jugada" que planearon era "redonda", ya que los acusados iban a ser propuestos como miembros del consejo de administración del grupo BMN, un cargo que no está retribuido y que exigía que cesaran en sus funciones de directivos. Así, los acusados se apresuraron a modificar sus contratos de trabajo y a blindar sus pólizas con las compañías Axa y Zurich para que cuando cesaran en sus cargos pudieran beneficiarse de las indemnizaciones previstas en dichos seguros.
De acuerdo con las pólizas contratadas, Pagès tenía derecho a cobrar 11,6 millones de euros; Abella 5,7 millones; Jorba 3,3 millones; Troyano 6,16 millones y Caellas 4,8 millones. Sin embargo, Manuel Troyano y Joan Caellas fueron despedidos de la entidad financiera y no pudieron cobrar cantidad alguna de las pólizas.
Por ello, la Fiscalía, que les acusa de apropiación indebida y de administración desleal, solicita que Pagès indemnice a Caixa Penedès con 10,73 millones de euros, que es la cuantía que llegó a percibir, mientras que reclama a Santiago José Abella los 1,89 millones cobrados desde 2007.
En cuanto al fallecido Jorba, reclama a sus herederos legales, como "partícipes a título lucrativo", que restituyan a Caixa Penedès un total de 2,53 millones. Asimismo, pide la nulidad de las cláusulas de derechos económicos de las pólizas.
