Caso Pegasus
La Audiencia Nacional investigará también la infección de los móviles de Marlaska y Planas
La Abogacía del Estado amplía su denuncia tras detectar que los teléfonos de los ministros de Interior y Agricultura fueron hackeados por Pegasus.
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Ya no son solo dos, sino cuatro, los teléfonos del Gobierno que investiga la Audiencia Nacional. Tras interponer una denuncia por las intrusiones en los dispositivos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahora la Abogacía del Estado solicita que se investiguen dos infecciones más, las que al parecer sufrieron otros dos ministros en sus respectivos terminales: Fernando Grande-Marlaska, de Interior, y Luis Planas, de Agricultura. El juez que instruye el caso, José Luis Calama, ha admitido la ampliación de la denuncia.
En su escrito, la Abogacía del Estado informaba al magistrado que los teléfonos móviles de Marlaska y Planas sufrieron una intrusión por parte de Pegasus en junio del pasado año, según dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional. Es el mismo mes en el que hackearon el dispositivo de la ministra de Defensa, aunque en el caso de Pedro Sánchez, la intromisión se produjo unos días antes, el 19 y el 31 de mayo.
Se desconoce por el momento qué información pudo monitorizar o sustraer el programa entre los miembros del Ejecutivo. El sumario del caso está bajo secreto y así seguirá hasta el próximo mes. No obstante, no se descarta la posibilidad de que el magistrado decida ampliar el secreto de sumario más tiempo, si la instrucción así lo requiriese.
Fue el propio Ministerio Fiscal el que solicitó al Juzgado actuar bajo secreto. El juez estuvo de acuerdo. "Sólo así -decía en su auto- se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias pueda ocasionar interferencias dirigidas a obstaculizar la investigación". Además, el magistrado señala "la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada o comprometer gravemente la seguridad del Estado".
Calama señala también que los hechos podrían enmarcarse en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
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