La Audiencia Nacional investiga si Díez, Fernández y Alonso se repartieron mordidas por valor de 700.000 euros por mediar en cinco contratos de la SEPI

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ordenó la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación que trata de averiguar sin los tres se repartieron más de 750.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones, tal y como consta en la resolución del Juzgado Central de Instrucción Número 6, a la que ha tenido acceso Europa Press, del que es titular el juez Piña y que dirige bajo secreto la causa.

A partir de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juzgado señala que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado 'Hirurok' que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", señalan.

Según indica, para "la perfección de este sistema", los acusados habrían actuado en coordinación con el objetivo de "obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", y canalizando los fondos principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.

Según los investigadores, la actividad de los investigados se habría desarrollado "al menos entre 2021 y 2023", y se habría proyectado a "distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas", adoptando medidas de seguridad para garantizar "la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones".

En el escrito se añade que se han detectado cinco operaciones en las que habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses "a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI", que presidió Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.

Las operaciones

La primera operación que mencionan es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por un valor de 112,8 millones de euros. Según se detalla, desde 'Hirurok' habrían realizado "intermediaciones" para que se otorgara este rescate, recibiendo a cambio un total de 114.950 euros a través de facturación "aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez".

La sede de Mercasa

Otra de las mordidas habría llegado como resultado de la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasaen favor de Servinabar, la empresa propiedad de Alonso y de la que sería socio Santos Cerdán, por un importe de 18.119,75 euros y que habría consistido en "la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública".

Los investigados habrían diseñado una operativa "en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, la cual generaba de forma mendaz esta justificación, y al mismo tiempo propiciaba un beneficio económico al grupo", añade la investigación, calificando de innecesaria la adjudicación.

La constructora Erriberi

La tercera adjudicación sería una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros. Los investigados habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Erriberri en el proceso de adjudicación a través del presidente de la mesa de contratación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos por un total de 400.000 euros al grupo.

Pagos de Enusa a un despacho de abogados

El juzgado recoge en la resolución supuestos pagos procedentes de la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. Según explica, la operativa tuvo lugar cuando Acciona se encontraba interesada en hacerse con dos explotaciones tituladas por la empresa pública. Estas serían una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón.

La contratación habría deparado sobrecostes "cuantificados aparentemente en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de 'Hirurok' produciéndose una serie de pagos de dicho despacho a Mediaciones Martínez por 17.545 euros.

Ayuda de Sepides para Forestalia

Por último, los investigadores mencionan en la resolución la concesión de una ayuda otorgada por Sepides a la sociedad Arapellet, del grupo Forestalia, por un valor de 17,32 millones de euros. "Se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo 'Hirurok' que fueron canalizados, como en otras operaciones, a través de Mediaciones Martínez".

Inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca

El juzgado sostiene que la mayor parte de las mordidas se destinó a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), "presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados", si bien otra parte de los fondos fue "a los propios miembros del grupo de forma individual". El juez Piña dejó este sábado en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso como medida cautelar la retirada del pasaporte, la prohibición de salidas del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

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