Así es la LOSU, la nueva Ley de Universidades presentada en Consejo de Ministros

Uno de los temas que se abordarán este martes en el Consejo de Ministros será el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universidades (LOSU), uno de los puntos del acuerdo del Gobierno de coalición firmado en 2019, con el objetivo de crear una normativa que modernice el sistema universitario.

La LOSU, que sustituirá a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 200l, buscará el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios, con quienes el ministro de Universidades, Manuel Castells, lleva meses discutiendo el proyecto.

Desde el ministerio que dirige Castells, se plantean varios puntos principales para la implantación gradual de esta nueva ley, que culminaría en 2023 y que giran en torno a la gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia e investigación; estudiantes, y personal docente e investigador.

Gobernanza y estructura universitaria

En cuanto a la gobernanza y estructura universitaria, se pretende incorporar cambios en el proceso de elección de un rector, ya que son varios grupos parlamentarios los que han propuesto modificaciones en este sentido, como la posibilidad de eliminar el requisito de ser catedrático para poder presentarse al cargo, de modo que cualquier profesor titular pueda aspirar a ser rector.

Castells ha dicho que se cambia una "definición por rango a una por méritos", de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, es decir, que los solicitantes han de someter a evaluación una selección de los trabajos científicos publicados durante un período de seis años; o tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad durante "al menos 4 años".

Financiación

En cuanto a la financiación, el anteproyecto establece la necesidad de "garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas y se ha identificado una necesidad de aumento de esa financiación". Castells, ha subrayado la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5% del PIB en una década.

Actualmente el presupuesto de gasto de las universidades españolas se sitúa en torno a los 9.000 millones de euros (2018), de los que un 67% son gastos de personal y 14% gastos en bienes y servicios. Es decir, más de un 80% de su presupuesto se dedica a gastos corrientes.

Docencia, investigación y transferencia

Otro punto es fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador. Castells ha manifestado la intención de reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40% permitido, al 20% y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del actual 51% al 55%.

Además busca mecanismos que potencien la investigación universitaria en el marco internacional, así como la movilidad, la equidad degénero y el apoyo a jóvenes investigadoras e investigadores.

Estudiantes

Otro de los objetivos de la reforma será aumentar la calidad de los títulos de grado y máster, y promover asó el acceso a la educación superior a todo el mundo.

La LOSU también estudia la situación de los precios públicos universitarios, e indica que debe ponerse en relación con el sistema estatal de becas, que trata de garantizar el acceso a la educación superior de aquellas personas que lo necesitan.

Personal Docente e Investigador (PDI)

Del Personal Universitario Docente e Investigador (PDI), la LOSU pretende revertir la situación de precariedad en la que se encuentran muchos docentes, así como asegurar la calidad del sistema universitario. También plantea realizar cambios en los sistemas de evaluación para aumentar su agilización, la digitalización y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Desde el Ministerio de Universidades también han propuesto reorganizar la carrera académica, mediante la creación de tres niveles: Profesor Ayudante Doctor; Titular o contratado equivalente; y Catedrático.

Mediante esta ley se plantea también un sistema de transparencia, por el cual todos los concursos de plazas universitarias se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos a la Universidad. El objetivo es la incorporación gradual, el rejuvenecimiento y recualificación del personal.