La aplicación de la ley del 'sí es sí' provoca una nueva brecha en el Gobierno

Tras hacerse públicas varias sentencias en las que se rebaja la pena a condenados en firme por abusos sexuales, fruto de aplicar la nueva ley del sí es sí, el Gobierno ha vuelto a dejar patentes sus diferencias en un asunto que ya ha provocado debate interno en anteriores ocasiones.

La primera en salir en comparecer ante los medios -lo hizo ayer- fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que también es magistrada. Rosell subrayó que la ley no se está aplicando bien: considera que los jueces "están haciendo una interpretación machista" de la norma. Comentaba también que son casos puntuales: "No tenemos una avalancha de revisión de condenas. Lo que tenemos es una avalancha de violencia sexual".

A estas críticas se han sumado hoy dos ministras: la titular de Igualdad, Irene Montero, y la de Derechos Sociales Ione Belarra, que además es secretaria general de Podemos. Montero asegura que "ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley". Belarra asegura que "vamos a seguir defendiendo juntas" la ley porque "las mujeres lo merecen". A día de hoy, la formación morada insiste en que la norma no se va a tocar y culpa a los magistrados que se están valiendo de ella para reducir las condenas.

"Las descalificaciones a los jueces con carácter general ni me gustan ni las comparto"

Un ataque que no ha gustado nada a la ministra de Defensa, Margarita Robles, también jueza: "Las descalificaciones a los jueces con carácter general ni me gustan ni las comparto". Y abre la puerta a una posible revisión de la norma: "Si una ley produce un efecto contrario a la protección de las víctimas se estudiará".

Una posibilidad que también ha puesto sobre la mesa la ministra de Educación, Pilar Alegria, que plantea "valorar modificaciones". La titular de Hacienda, María Jesús Montero, habla de "estudiar" si sería necesaria esa modificación.

Esperar al Tribunal Supremo

Desde la cumbre del G-20 en Bali (Indonesia), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha situado en un punto intermedio. El jefe del Ejecutivo ha defendido la ley en su actual redacción y esperará a que el Tribunal Supremo fije criterio sobre las rebajas de penas que se están produciendo antes de valorar posibles modificaciones. "La voluntad fue claramente reforzar la seguridad de las mujeres, ese es el objetivo".