¿Afecta el indulto a Puigdemont y el resto de fugados?

Con los encarcelados por el procés indultados este martes, la anunciada reforma del delito de sedición se antoja una posible salida para el expresident Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida, Antoni Comín y Clara Ponsatí, aunque difícilmente les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

En cualquier caso, la medida de gracia aprobada este martes en el Consejo de Ministros no les afecta.

Aministía

Mientras, el independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.

E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarias por los gastos del procés.

Hay quien confía que la reforma del delito sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España, cuya situación personal constituye para su partido, JxCat, uno los principales escollos que impiden desbloquear el conflicto catalán.

Podemos apuesta por el regreso sin cargos de Puigdemont

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Podemos -para quienes la sedición se basa en un "concepto predemocrático" del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas que lleva aparejadas.

Pero varias voces en el Gobierno y el PSOE han apuntado que Puigdemont deberá ser detenido si regresa a España, voluntariamente o a raíz de la euroorden emitida por el Supremo, y juzgado como lo fueron otros miembros de su Govern.

Los consellers de su Govern más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición, aunque en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, de Oriol Junqueras.

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