El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella de 19 familiares contra seis residencias de ancianos madrileñas y les ha citado para ratificarla los próximos 19 y 20 de enero.
Estos 19 familiares se querellaron contra las residencias de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra. Se trata de una parte de la querella colectiva interpuesta por 26 familiares a través del movimiento Marea de Residencias el pasado 11 de mayo y que se dirige contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra los directores de diez residencias .
Los familiares les consideran responsables de presuntos delitos de homicidio imprudente, de lesiones imprudentes, de omisión del deber de socorro y de prevaricación por su gestión durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus.
La querella se amplió el 26 de mayo contra el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, y dos días después se aportó el protocolo que establecía los criterios de exclusión de derivación a hospitalaria, según ha explicado el abogado que representa a los familiares agrupados en Marea, José Luis González del Moral.
El pasado 14 de diciembre, otro juzgado de instrucción Madrid, el número 50, imputó a la directora de una residencia de la capital, la Gran Residencia, por un presunto delito de homicidio por la muerte de una anciana con coronavirus que no fue derivada a un hospital. Cuando se interpuso en mayo la querella de los familiares agrupados en Marea de Residencias, ésta recayó en el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, que la remitió al Tribunal Supremo al estar aforada la presidenta regional.
El Supremo devolvió el caso al juzgado solicitando un informe motivado sobre los indicios de delito, para, en su caso, derivar el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al estar denunciados Díaz Ayuso y dos consejeros. Entonces, el Juzgado de Instrucción número 39 se hizo cargo de uno de los casos denunciados, pero envió el resto al Decanato para su reparto, que ha recurrido esta decisión porque se trata de casos "muy parecidos", según el abogado del colectivo. Tras ese reparto, el caso del centro Gran Residencia recayó en el Juzgado de Instrucción número 50, que acordó la imputación de la directora, mientras que el de los 19 familiares contra esas seis residencias se ha quedado en el 39.
