La respuesta de Isabel Rodríguez ante el posible expediente sancionador de la Junta Electoral

Faltan 8 días para que arranque la campaña de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo y la Junta Electoral ya habría movido ficha con el posible expediente a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez y la retirada del acta de diputada a Laura Borrás.

El posible expediente a Isabel Rodríguez respondería a la acusación de haber sobrepasado de forma reiterada la neutralidad en sus ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. La portavoz ya fue apercibida en dos ocasiones. A Laura Borrás por su parte le retiran el acta de diputada tras su condena por corrupción. Mientras Borrás protesta por, presuntamente, haberse enterado por la prensa, Rodríguez asegura que no le consta la decisión de la Junta Electoral. "Yo que soy la afectada no conozco todavía esa resolución", ha afirmado.

Isabel Rodríguez ha defendido que siempre trata de atender a las preguntas de los periodistas y ha insistido en que cuando se le interpela sobre un asunto, trata de "atender en esa concreción" a esas cuestiones. Además, ha hecho hincapié en la importancia de que la ciudadanía sepa en un periodo electoral lo que propone cada una de las formaciones políticas: "Creo que está muy claro cuál es la posición del PSOE" y ha añadido que su partido defiende "un modelo distinto, de avance", que se refleja en los "datos de empleo, de transformación económica" del país, al tiempo que sostienen "un modelo de protección social con políticas importantes como la de vivienda". "Al otro lado también nos gustaría saber qué se ofrece", ha manifestado la ministra portavoz del Gobierno, quien ha argumentado que en los periodos electorales "lo más importante es contraponer propuestas.

En el caso de Borrás, la JEC ha tomado esta decisión después de haber dado 10 días a la presidenta en funciones del Parlament, Alba Vergés, de ERC, para que tomara una decisión sobre la retirada o no del escaño, y después de que el propio Parlament alegara que el caso de Borràs no respondía "propiamente a una situación de inelegibilidad, sino a una situación de incompatibilidad" y exigían que la sentencia condenatoria de inhabilitación fuera firme.

Sin embargo, la JEC alude que la LOREG incide en que son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la administración pública o contra las instituciones del Estado.